Paola Barrueta llegó a Gipuzkoa hace seis meses desde Venezuela junto a su marido y su hijo, sin recursos y con la incertidumbre de empezar de cero en un lugar tan distinto. Hace unas semanas entregó toda la documentación necesaria para acogerse al proceso de regularización extraordinaria. Cuenta los días a la espera de una resolución favorable que le puede cambiar la vida.

«Es un alivio haber podido presentar todo, pero ahora comienza la verdadera espera», explica esta joven de 29 años que no responde al perfil habitual de solicitantes que llevan años residiendo aquí, trabajando en situación irregular.

«Mi caso es distinto. Soy una recién llegada con ganas de trabajar, y mi objetivo es poder regularizar la situación y acceder con ello a derechos fundamentales para ofrecer una vida más estable a mi familia».

La Fundación Haurralde, que asesora a personas extranjeras en este proceso, ha sido «un apoyo clave» para ella y su familia, proporcionándoles orientación y ayuda con los trámites y necesidades más básicas. «Ha sido una bendición el apoyo que hemos encontrado entre las entidades sociales de Gipuzkoa. Llegamos en una situación muy vulnerable, sin recursos, y la Fundación Haurralde nos ha echado una mano con la alimentación y la ropa. No teníamos ni lo más mínimo. Presenté la solicitud de regularización y se puede decir que he tenido suerte porque soy una recién llegada y he podido entrar en el sistema», confiesa Barrueta, que espera estos días el comunicado de la admisión a trámite de su solicitud.

Desde Cáritas reconocen que todas las personas interesadas en el proceso están haciendo lo indecible para entregar la documentación antes de este próximo viernes. Se trata de una fecha señalada en el calendario porque es cuando está previsto que la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo celebre la vista sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones contra el proceso de regularización extraordinaria.

Lo que pretenden estas partes es que se suspenda la vía que se ha abierto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Así, el viernes 22 se celebrarán de forma sucesiva las cinco vistas en las que tanto las partes solicitantes de las cautelares como la Administración del Estado defenderán sus posturas al respecto ante los magistrados.

«Es una situación que está provocando que los sentimientos estén a flor de piel, porque podría dar como resultado la anulación del proceso. Hay muchas personas que se están jugando el futuro y sus vidas», explica Germana Dovale, asesora jurídica de Cáritas.

Si nada cambia, el plazo para presentar las solicitudes, ya sea por vía telemática o presencial, concluye el 30 de junio. La recompensa al final del túnel burocrático no es solo humanitaria, sino estrictamente económica: aflorar empleos en la asistencia domiciliaria, hostelería o agricultura, inyectando nuevas cotizaciones fundamentales para sostener las pensiones.