La regularización extraordinaria de inmigrantes ya ha cumplido un mes desde que entró en vigor tras aprobarse en Consejo de Ministros y durante este tiempo el Ayuntamiento de Donostia viene trabajando activamente para facilitar los trámites de competencia municipal necesarios. Tanto es así que ya ha enviado de oficio un total de 5.000 volantes de empadronamiento a personas que se sospecha que pudieran encontrarse en situación administrativa irregular.

La emisión de este documento informativo gratuito que acredita la residencia de una persona en un municipio da cuenta de la dimensión de un colectivo administrativamente invisible que vive desprovisto de los derechos más básicos.

El del empadronamiento es uno de los requisitos a cumplir en este proceso de regularización, el mayor en dos décadas, cuyos volantes ha remitido por correo postal el servicio de Atención Ciudadana. Durante este tiempo también se han emitido un total de 900 informes de vulnerabilidad, lo que se había convertido uno de los mayores quebraderos de cabeza para las entidades sociales que colaboran con el colectivo, que desde que se abrió el proceso se habían sentido desbordadas por la avalancha de solicitudes y que agradecen ahora el papel creciente que han adoptado los servicios municipales en las últimas semanas aliviando así la carga de trabajo.

«La situación actual ha cambiado a mejor. La intervención del Ayuntamiento de Donostia ha supuesto un desahogo, y la verdad es que estamos más coordinados, con un mayor conocimiento del proceso», confiesa Patricia Ponce, directora de Haurralde Fundazioa, entidad que ha tramitado en torno a 200 expedientes de regularización en Gipuzkoa.

El Ayuntamiento de Donostia abrió hace tres semanas un recurso excepcional en el número 5 de plaza Arroka, en el barrio donostiarra de Amara. La medida busca responder a un aluvión de solicitudes al que dan respuesta cuatro puestos de atención que se dedican en exclusiva a la tramitación de certificados de vulnerabilidad.

«El objetivo es reforzar el apoyo y los servicios necesarios», según reconoció este lunes en el Ayuntamiento de Donostia María Jesús Idoeta, concejala delegada de Servicios Sociales y Acción Comunitaria.

La regularización de inmigrantes cumple así un mes desde la aprobación del Real Decreto del procedimiento, pero a pesar de la agilidad que se le imprime desde ayuntamientos y entidades sociales guipuzcoanas, el compás de espera sigue siendo incierto para las personas solicitantes.

El verano está a la vuelta de la esquina, y los planes laborales de cientos de inmigrantes que se han acogido a la regularización extraordinaria en Gipuzkoa todavía siguen en el aire. Las ansias por comenzar a trabajar en el periodo estival, la época del año más propicia para ello, se dan de bruces por el momento con un lento proceso burocrático en Madrid. Ya han transcurrido más de quince días hábiles desde que se presentaron las primeras solicitudes y las entidades sociales denuncian que llegan «a cuentagotas» las respuestas de la administración confirmando su admisión a trámite.

«Existe mucha preocupación porque no se están cumpliendo los plazos», denuncia Jon Telletxea, responsable de Acción Social en Cáritas. Los colectivos sociales reconocen ver a diario «a muchas personas en situación irregular muy nerviosas, porque es mucho lo que se están jugando». Y por el momento han presentado su documentación sin recibir respuesta. La admisión a trámite no es más que la fase inicial del proceso de regularización, pero tiene un significado vital porque otorga al solicitante una autorización provisional de un año para residir y trabajar legalmente en el Estado (por cuenta propia o ajena), antes de que la Administración emita una resolución definitiva sobre el expediente, cuestión que puede demorarse unos tres meses.

Es decir, esa respuesta inicial se convierte en la puerta de entrada a la ansiada vida normalizada. «El problema es que hay ahora mismo hay tal volumen de solicitudes en todo el Estado que los plazos no se van a cumplir», sospecha Germana Dovale, asesora jurídica de Cáritas.

Por si fuera poco, estas autorizaciones provisionales están llegando sin ningún orden – personas que lo solicitaron durante los primeros días no han recibido noticia mientras que ciudadanos que lo hicieron después ya tienen la comunicación – lo que está generando mucha «angustia» entre los beneficiarios.

Además, aunque este primer papel, en teoría, habilita a la persona a trabajar desde el momento de su recepción, en la práctica se han encontrado con que en algunos casos no incluye el número de afiliación para la Seguridad Social, que debe llegar un tiempo después por correo postal, lo que impide a los beneficiarios tener un empleo todavía.

¿A cuántas personas afecta toda esta situación en Gipuzkoa? Hoy por hoy resulta imposible saberlo. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno, a preguntas de este periódico en diferentes ocasiones, admiten que el hermetismo parece haberse convertido en la consigna. «No se están ofreciendo datos», reconocen, en relación al mayor proceso de regularización que se registra en dos décadas.

Hay que remontarse al año 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, para encontrar un proceso masivo similar, el cual otorgó papeles a más de 576.000 personas. Ahora, el Gobierno central ha retomado esta vía excepcional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró en las dos primeras semanas unas 200.000 solicitudes presenciales y telemáticas, pero no ha vuelto a facilitar datos. Desde que se abrió el proceso, Cáritas en Gipuzkoa ha registrado 750 llamadas telefónicas y actualmente tramita 170 expedientes, y prepara la documentación para otros 200. «La gente está muy pendiente de la respuesta de Madrid, porque eso significa tener permiso de residencia y trabajo, y el número de la Seguridad Social que tanto esperan», reconocen desde la entidad.

Se estima que este salvavidas administrativo podría transformar la vida de unos 26.000 residentes en Euskadi, oxigenando así sectores clave del mercado laboral guipuzcoano. Su formalización engrosará unas cifras de afiliación extranjera que en Gipuzkoa ya han marcado un récord reciente con 35.758 cotizantes, según los datos correspondientes a abril de la Seguridad Social.