La ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con los apoyos de PP y Vox para analizar los riesgos que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado por el Gobierno pueda tener en ámbitos como la lucha contra el terrorismo comenzará este lunes con la comparecencia del secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto Conesa, y el comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (CEPAIM), Juan Antonio Segura Lucas.

Entre los ponentes, que los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad, hay expertos en seguridad como el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Francisco Javier Marín, o el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Hans Lejtens, además de representantes de entidades sociales especializadas en la atención a personas extranjeras como Fundación CEPAIM y de asociaciones del movimiento migrante como SOS Racisme Catalunya. También participarán académicos como el catedrático de Filosofía del Derecho y especialista en derechos humanos, ciudadanía y extranjería Javier de Lucas o la experta del Consejo de Europa en el marco del Proyecto Ciudades Interculturales Gemma Pinyol-Jiménez. En total, 25 expertos que desfilarán por el Congreso en los próximos meses. La previsión es que los trabajos de este órgano, que preside la diputada popular Eduarne Uriarte, finalicen más allá del actual periodo de sesiones, que termina en julio. A continuación, se elaborarán su informe definitivo, que será elevado a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se votará. Un calendario que, de cumplirse, chocaría con los plazos que se manejan en el proceso de regularización, ya que los solicitantes tienen hasta el 30 de junio para iniciar los trámites para la autorización de residencia temporal y cuya resolución, según el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros, debería estar resuelto en un plazo máximo de resolución «de tres meses a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarla». Es decir, que de registrarse el último día posible el 30 de junio debería estar resuelta el 1 de octubre