Asistimos al pleno del Parlamento vasco del 23 de abril, en calidad de invitados como miembros de la campaña Sin Padrón no existo, ya que se debatía la proposición no de ley sobre el empadronamiento social como garantía de derechos y herramienta de inclusión social, que había sido presentada por el grupo Sumar.

Tras hora y media el debate concluyó con la aprobación de una recomendación apoyada por PNV, EH Bildu, PSE y Sumar por la que el Parlamento vasco insta a los ayuntamientos de la comunidad autónoma a aplicar el documento ‘Criterios comunes para empadronamiento en situaciones especiales’, que aprobaron ellos mismos hace casi un año en la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

Nos encontramos así con el siguiente enredo: los ayuntamientos aprueban un documento en Eudel que un año después no han aplicado en ningún ayuntamiento. Cargados de razones de justicia social, extraordinariamente argumentadas y defendidas en sus intervenciones en el Parlamento vasco, los partidos instan a los ayuntamientos –gobernados por los mismos partidos– a aplicar el documento aprobado por los ayuntamientos. ¿No les suena a la secuencia en que Groucho y Chico discuten los términos de un contrato en la película ‘Una noche en la ópera’?

Nos lo podríamos tomar como una comedia de enredo si no fuera porque se puede asistir al drama que explican las palabras de la señora Capelo, portavoz del PSE en este debate: «sin padrón, muchas veces, una persona puede quedar fuera del sistema, de la atención sanitaria ordinaria, con enormes dificultades, por ejemplo, para escolarizar a niños y niñas con normalidad, acceder a ayudas de emergencia, a prestaciones de programas de inserción, a recursos de vivienda, a la tarjeta de transporte, a la simple posibilidad de acreditar un arraigo en un municipio y construir un proyecto de vida. ¿A quién afecta especialmente el empadronamiento social? A quienes más lo necesitan, a personas sin hogar, a familias que enlazan alojamientos temporales, a quienes viven en habitaciones a veces sin contrato o con dificultades, a mujeres que han salido de una situación de violencia y están en recursos de protección, a personas migrantes que inician aquí su vida, trabajando, aportando pero que sin este padrón encuentran la primera puerta cerrada por no poder acreditar un domicilio convencional o formal. A quienes, en definitiva, ya cargan con la mochila más pesada, la de la exclusión».

A nuestro parecer resulta paradójico que los partidos se emplacen a sí mismos a tomar determinada medida. Deberían explicarnos por qué no están haciendo lo que consideran necesario y está en su mano hacer. Una forma de ofrecer una explicación es remitirse a que está pendiente «la aprobación del protocolo por parte de Eudel, a finales del mes de junio, que permitirá dar cobertura definitiva a aquellos municipios que no cuentan con los mecanismos adecuados para garantizar este derecho, o donde sencillamente hay dificultades con las y los trabajadores y trabajadoras de la Administración», en palabras de la señora Urrea, portavoz de EH Bildu en este debate.

No se sabe por qué se dilata un año la aprobación de un protocolo para la aplicación de unas instrucciones que el Parlamento considera «una guía clara y homogénea para resolver casos especiales con rigor, con humanidad y con igualdad. Aportan coordinación y buenas prácticas en un ámbito donde los municipios han tenido que improvisar soluciones ante realidades cambiantes, evitan arbitrariedad, ordenan procedimientos y establecen comprobaciones razonables. Definen vías como el domicilio ficticio, el domicilio social cuando procede y delimitan responsabilidades».

Sobre esta contradicción, el señor Urrutia, portavoz del PNV en el debate, reconoció el hecho y ofreció una explicación honesta y acertada: «Yo, entre otras cosas, también he venido a denunciar un cierto nivel de hipocresía que suelo notar cada vez que hablamos de inmigración. Y todos. No estoy diciendo de unos o de otros o de los de más allá. Todos. Tengo la impresión de que aquello que se dice defender, y después, lo que se hace, son dos cosas absolutamente diferentes (…) las diferencias entre lo que hacemos y decimos, lo que hace es reforzar a la extrema derecha. (…) porque es una cuestión (el empadronamiento) en la que realmente hay que actuar y creo que todos tenemos trabajo que hacer dentro de nuestras propias casas. Al final estamos hablando de un trámite administrativo, en teoría, bastante simple. Pero lo que está faltando es una cosa que tantas veces, por lo menos a nosotros, se nos echa en cara y es voluntad política».

Estamos de acuerdo, señor Urrutia, voluntad política es lo que estamos echando en falta en los ayuntamientos que gobiernan los partidos que el 23 de abril votaron juntos en el Parlamento vasco.