«No podemos tener personas en situación administrativa irregular entre nosotros (…) Nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores y particularmente en la agricultura». Con estas palabras el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la «lógica absoluta» de la regularización extraordinaria de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en el campo. Además, defendió que el proceso es «rigurosamente legal» frente a los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, que ha aplazado al 22 de mayo su decisión sobre la posible paralización del proceso.

La prueba de esa falta de mano de obra, como dijo el titular de Agricultura, es que los mismos empresarios le han trasladado la dificultad para encontrar trabajadores para las campañas de recogida de oliva en Andalucía o de frutos rojos en Huelva.

Planas realizó estas declaraciones durante un encuentro con militantes del PSOE en El Ejido (Almería), donde recordó que la medida responde a los «consejos que en su momento» les dio el Consejo de Estado. Además, esgrimió razones administrativas, económicas y morales para avalar el real decreto, recurrido por la Comunidad de Madrid, Vox y diversas asociaciones.

Planas apeló también a la historia reciente de España, recordando a los ciudadanos de provincias como Almería que emigraron a Alemania, Suiza o Francia en los años 60 y 70: «¿Lo hacían en situación regular con los convenios de migración? No. Estaban también buscándose la vida como hay mucha gente honesta que se busca la vida en nuestro país». «Todos somos personas y hay que tratar a las personas como personas», ha sentenciado.

Su postura va en sintonía con la de la Abogacía del Estado, que defiende ante el alto tribunal que suspender la norma «dañaría gravemente el interés general». Según este órgano, la regularización no saturará los servicios públicos —pues estas personas ya son usuarias de los mismos— y permitirá su incorporación legal al mercado laboral, incrementando así las cotizaciones sociales.