El anuncio realizado por la Comisión Europea el pasado lunes de que va a invitar a los talibanes afganos a Bruselas para negociar posibles términos de deportación a Afganistán de migrantes desde países de la UE plantea serias contradicciones éticas. Afganistán es un país sometido a un régimen bárbaro que ignora la existencia de los derechos humanos y en el que, por ejemplo, legalmente es más grave maltratar a un animal que a una mujer. La idea de que pueda ser aceptado en Bruselas como interlocutor produce estupefacción.

En los próximos días, el Gobierno de Kabul recibirá una carta oficial de la Comisión para fijar una reunión en la capital europea. El objetivo es continuar “a nivel técnico” el diálogo ya iniciado con el régimen islamista en otras dos visitas previas de representantes europeos a Afganistán. Se trata de decidir el destino de ciudadanos afganos a los que una veintena de países de la Unión pretende deportar. Los países europeos se hallan especialmente interesados en expulsar a los migrantes afganos con condenas. No es la primera aproximación a los talibanes con este asunto. Desde que llegara al poder a principios del año pasado, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha perseguido un acuerdo con Kabul en este sentido. Tanto él como su antecesor en el cargo, Olaf Scholz, se han apoyado en Qatar para indirectamente deportar a afganos desde Alemania.

Aunque la UE no reconoce al régimen talibán, reinstaurado en agosto de 2021, no puede ignorar que esta invitación formal coloca al régimen afgano —basado en una interpretación extrema de la ley islámica que provoca un amplio rechazo también en el mundo musulmán— en una senda de legitimación internacional. Es necesario denunciar sin descanso el trato inhumano que reciben las mujeres bajo un régimen donde la violencia machista es ley, que les niega derechos humanos básicos como la educación o la sanidad y les impide la libertad de movimientos no solo en la vía pública, sino en su propia casa: tienen prohibido asomarse a las ventanas. Los responsables directos de este régimen de terror van a ser invitados a Bruselas. Aparte del caso sangrante de las mujeres, existen escasas garantías legales para cualquiera que haya huido de Afganistán y ahora sea deportado. A todo esto se suma la grave crisis humana en la que se encuentra sumido el país asiático desde que en 2023 unos cinco millones de personas fueran forzadas a regresar desde los vecinos Irán y Pakistán.

De nada sirve proclamar la defensa de valores como igualdad, integración y solidaridad si a la hora de la verdad estos se aparcan y quedan sepultados bajo un lenguaje burocrático que trata de enmascarar, en nombre del pragmatismo, una realidad innegable. Bruselas se dispone a legitimar y negociar sus políticas de tú a tú con un agujero negro de los derechos humanos. Ningún endurecimiento en la estrategia migratoria puede justificarlo.