El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande Marlaska,

ha licitado por un valor de 17 millones de euros (IVA incluido) el contrato para desarrollar el nuevo Sistema de Registro Central de Extranjeros

a una UTE, integrada por el rival de Indra y una empresa liderada por un fondo de inversión proveniente de Abu Dabi.

El documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, adjudicado el pasado 4 de mayo de 2026, también

contempla la migración de la información relacionada del sistema actual al nuevo espacio que deberá ser generado. El objetivo es “garantizar la continuidad del servicio en las fechas programadas”. Contará con una duración de 25 meses.

Escarbando en el escrito oficial del sistema para la contratación pública, se desgrana que el paquete incluye todos los elementos informáticos necesarios para poder ejecutar, a priori sin dificultades, la tarea encomendada. En este sentido, el contrato

ha sido negociado sin publicidad y dictaminado siguiendo los preceptos de una “comisión de valoración”.

Una única oferta presentada ante Interior

Cerrado el plazo para presentar ofertas el p

asado 15 de abril a primera hora de la mañana, solamente se presentó una oferta para obtener la licitación. La formada por la UTE integrada por Thales Dis España, S.A., la filial del grupo Thales experto en tecnología digital avanzada y rival de Indra y el Babel Sistemas de Información, que desde hace varios años se encuentra liderada por un fondo de Arabia Saudí.

Con cierta “ironía”, el documento presentado por las filiales de Interior recoge que

no se han rechazado ofertas por encontrarse por debajo del precio elaborado. “El presente procedimiento se adjudica a la oferta mejor valorada”, reza el escrito consultado por este periódico. Respecto al comienzo en vigor no se marca un plazo específico y se reclama el “mínimo tiempo” indispensable para liquidar los procesos burocráticos.

Las empresas salpicadas por la regularización de inmigrantes

Con una reprimenda del Consejo de Estado sobre el papel de Tragsa en la regularización masiva de inmigrantes , el

Gobierno se vio obligado a rectificar. Tal y como desveló LA RAZÓN, se apuntó a incógnitas sobre el papel de la

empresa debido a la “amplitud de encargos indefinidos” y la “escasa atención e información” de su expediente.

Antes de su entrada en vigor en el BOE, se apuntó que solamente se le podrían reclamar “actuaciones administrativas de carácter estrictamente instrumental”, ya sean de apoyo técnico, o de canalización documental de las solicitudes.

Otras de las empresas designadas que contó con cierta polémica fue Correos. En este sentido, la regularización masiva de inmigrantes

generó grandes revuelos con “graves deficiencias” informáticas

en muchas de las 373 oficinas de la empresa estatal reservadas. Desde los sindicatos se denunció la “falta de formación” que en la mayoría de casos consistió en

una breve videollamada y el reparto de una hoja con unas “pocas indicaciones”.

El Ayuntamiento de Barcelona usa un pabellón de la Fira para atender a inmigrantes

Alejandro García

Agencia EFE

Con los problemas informático detectados y resueltos, el siguiente paso será revisar el impacto entre la población española.