Mounir salía hacia el Ayuntamiento con la intención de, por fin, iniciar los trámites para su regularización, un paso que llevaba tiempo esperando desde su llegada a España hace un año. Pero ese día se cruzó en su camino la Policía, que al comprobar su situación administrativa, le derivaron al CIE de València. Allí recibió la notificación de su deportación, prevista para este jueves, aunque finalmente fue aplazada hasta el día 21. Todo ello a pesar de que, según explica su abogado a Público, cumple con los requisitos para acogerse a la regularización al estar empadronado, contar con número de la Seguridad Social o contrato de trabajo y carecer de antecedentes penales.

Su historia no es un caso aislado. Las organizaciones denuncian que se podrían estar produciendo más casos similares, ya que en los CIE suele haber personas con arraigo en el país. El informe Raíces tras los muros de SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) destaca este amplio arraigo de los internos en estos centros en 2024. De las 611 personas acompañadas por la organización, el 59,6% llevaba entre uno y siete años de estancia en el país. Un 15,82% contaba con más de 15 años; un 13,47%, entre siete y 15 años; y solo el 11,11% llevaba menos de un año. Además, el 70% no había cometido ninguna falta o delito, más allá de no tener permiso de residencia.
Iván Lendrino, coordinador de la línea CIE del Servicio Jesuita a Migrantes y Pueblos Unidos, reclama que en el momento en el que se puso en marcha la regularización “deberían haberse tomado medidas específicas en estos centros para facilitar que las personas pudieran acceder al trámite”. El Estado sí que articuló mecanismos en el sistema penitenciario para facilitar e informar sobre los trámites administrativos para acceder a la regularización de migrantes. Sin embargo, en los CIE donde las personas migrantes están privadas de libertad precisamente en el contexto de una posible expulsión no se han implementado medidas equivalentes. “Lo que se echa en falta es una comunicación clara a todos los centros y procedimientos internos que aseguren que las personas identificadas con este perfil puedan acceder a la solicitud. Esto no existe”, insiste.

Lendrino exige que el Ministerio de Interior impida el internamiento de personas que tengan arraigo en el país o que puedan regularizar su situación. “Muchas personas tienen familia y proyectos laborales, aunque no sean formales. Los CIE cortan de lleno los proyectos personales y los procesos de integración. ¿Qué sentido tiene seguir internando a personas con arraigo en nuestro país y tramitando expulsiones mientras estás activando una política de regularización de personas que llevan tiempo en España?”, se pregunta.

Además, denuncia la privación de libertad a la que se ven sometidos los internos. Aunque la Ley de Extranjería señala que no son centros penitenciarios y que el único derecho que se priva es el de salir y desplazarse libremente, Lendrino señala que en la práctica viven en condiciones que recuerdan a una cárcel, donde además, la atención sanitaria es muy limitada y no existe personal de salud mental.

El proceso de regularización exige reunir pruebas de arraigo, certificados, documentación laboral o administrativa y realizar trámites telemáticos que, en palabras de Lendrino, se vuelven casi imposibles en un CIE. “La persona tiene que recopilar su información, acreditar su trayectoria en España, solicitar certificados, hacer trámites online… y muchas veces no tiene acceso a su móvil, ni clave digital, ni posibilidad de salir a Correos. Eso no es un detalle técnico, es determinante”, explica.

Vuelos de deportación semanales
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Los CIE disponen de un plazo máximo de 60 días para ejecutar la expulsión, por lo que las gestiones se aceleran con el objetivo de tramitar los expedientes lo antes posible y organizar las deportaciones en alguno de los vuelos semanales que parten hacia distintos países.
La plataforma CIEs No València asegura a Público que existen vuelos todos los jueves desde Madrid hasta Marruecos, con escala en Canarias. Asimismo, Stop Deportaciones ha detectado un vuelo de deportación a Colombia y Perú el pasado 22 de abril, y señalan que está previsto uno nuevo hacia Senegal el próximo miércoles. También alertan de la reactivación de los vuelos a Argelia. Tras la crisis diplomática de 2022 entre los gobiernos de Argelia y España, estas expulsiones se habían vuelto más complejas, pero según denuncian, los acuerdos podrían haberse restablecido, ya que, según señalan el pasado 1 de mayo habría tenido lugar un vuelo de este tipo a Argelia.

En el caso de Argelia, Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, señala un problema añadido. Este es uno de los países donde es más complicado conseguir la documentación necesaria para la regularización. “Los están deportando mientras hacen imposible conseguir los papeles. Los documentos de Argelia los debe legalizar el consulado de España en Argelia y no lo está haciendo”, señala.
La portavoz de Regularización Ya plataforma impulsora de la regularización extraordinaria, se muestra muy crítica en este sentido con el Gobierno. “Esta cuestión ya se la hemos trasladado al presidente Sánchez cuando nos reunimos con él: no tiene sentido regularizar con una mano y deportar con la otra. Se han producido varios vuelos de deportación mientras estamos en pleno proceso de regularización”, critica.

En este contexto, denuncian además un incremento de lo que califican como redadas racistas. “Es como si trataran aprovechar las últimas posibilidades de detener a gente y deportarla por la mera estancia ilegal. No hay incidentes previos y en la mayoría de casos no hay antecedentes penales pero la paran para tratar de expulsarla”, señala Paco Simón, portavoz de CIEs No València. Además, recuerdan que la otra mitad de estas expulsiones se ejecutan desde las comisarías en menos de 72 horas, por lo que reclaman que allí también deberían estudiar cada caso para asegurarse de que no se está expulsando a personas que podrían regularizarse.

Público se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para preguntar si se plantean que, en los casos de personas que puedan acogerse al proceso de regularización, se cancele automáticamente la expulsión al presentar la solicitud correspondiente, y si se facilitará el acceso de las personas internas en los CIE a este procedimiento. Interior se ha limitado a señalar que están consultando el caso concreto de Mounir.