El Partido Popular de Cataluña ha reclamado la

eliminación de la línea ACOL

del programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), destinada a la

contratación temporal de personas inmigrantes extracomunitarias en situación administrativa irregular

que pueden regularizarse mediante el arraigo social. La formación sostiene que el programa, financiado íntegramente con

fondos públicos,

“prioriza” a personas sin permiso de trabajo frente a ciudadanos y residentes legales con dificultades para acceder al mercado laboral.

La iniciativa, registrada por el portavoz parlamentario del PP, Juan Fernández Benítez, junto a los diputados populares

Cristian Escribano

y

Ángeles Esteller

, plantea eliminar esta línea y reorientar los recursos liberados —que en la última convocatoria movilizaron

cerca de 19 millones de euros

— hacia

programas de empleo y formación dirigidos a jóvenes

, parados de larga duración, mayores de 45 años y colectivos vulnerables, priorizando el empleo estable y de calidad.

El diputado popular Cristian Escribano lamentó además que

la Comisión de Empresa rechazara la pasada semana esta propuesta de resolución

y criticó que el Govern “siga destinando millones de euros de dinero público a programas dirigidos exclusivamente a personas en situación administrativa irregular mientras miles de catalanes tienen enormes dificultades para encontrar trabajo o llegar a fin de mes”. Para el parlamentario, la línea ACOL constituye un modelo “injusto y equivocado” porque, a su juicio, “prioriza con recursos públicos a quienes han incumplido la legalidad frente a ciudadanos y residentes legales que

llevan años cotizando y sosteniendo el estado del bienestar

”.

En la exposición de motivos de la propuesta,

el PP cuestiona tanto la utilidad como la equidad del programa.

Los populares sostienen que la línea ACOL resulta “excluyente y discriminatoria” hacia otros colectivos con dificultades de inserción laboral y consideran que la contratación temporal subvencionada no resuelve déficits estructurales del mercado laboral catalán ni garantiza una integración laboral estable. Además,

apuntan a informes de evaluación del propio SOC

para sostener que su impacto sobre la inserción posterior, la reducción del desempleo o la mejora de la formación profesional sería limitado.

El PP también advierte de que este tipo de programas pueden actuar como un

“efecto llamada” de la inmigración irregular

, al trasladar —según sostiene— el mensaje de que entrar o permanecer de forma irregular en Cataluña puede derivar en una regularización y un empleo subvencionado. A juicio de la formación, esto incrementa la presión migratoria y tensiona determinados municipios con problemas de vivienda o conflictividad social.

Durante su intervención en comisión, Escribano pidió mayor control, transparencia y evaluación de los programas de empleo financiados con fondos públicos y defendió que, en un contexto de paro juvenil superior al 20%, un 40% de temporalidad laboral y un 25% de riesgo de pobreza laboral, el Govern debería destinar esos recursos a reforzar programas para jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración o familias vulnerables.

La propuesta popular también instaba al Govern a reforzar el cumplimiento de la legislación de extranjería en colaboración con el Estado y a presentar anualmente ante el Parlament un informe de evaluación de todos los programas de empleo del SOC, con especial atención a su eficiencia, impacto real en la inserción laboral y criterios de selección de beneficiarios.