El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, ha fulminado las ayudas con las que subvenciona desde hace décadas programas de desarrollo en los países pobres. Lo ha hecho tras un acuerdo con Vox, que ha impuesto de esta forma en la capital y ciudad más poblada de Andalucía su política de “prioridad nacional”: los españoles primero. Según ha denunciado la coordinadora sevillana de las organizaciones que llevan a cabo esos programas, ASONGD, el consistorio ha reducido de más de 2 millones a solo 43.000 euros la convocatoria de ayudas, haciendo inviable la continuidad de sus proyectos, de los que se beneficiaban más de 134.000 personas en 20 países.

El acuerdo entre PP y Vox, que permitió en diciembre la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, incluyó un mayor control y endurecimiento de las condiciones para el empadronamiento de personas extranjeras, la flexibilización de las Zonas Bajas de Emisiones y un recorte del presupuesto destinado a la cooperación al desarrollo. Ese recorte se ha concretado en una bajada del 83,7% en las subvenciones a las más de 30 organizaciones que trabajan en ese ámbito, que ahora sólo podrían aspirar a una media de unos 1.500 euros por proyecto.
“Los 43.000 euros que han aprobado para todas las ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) es el dinero que concedieron solo a mi organización en la convocatoria del año pasado. Es ridículo”, dice a Público el portavoz de la ASONGD y técnico de proyectos de cooperación en la organización Paz y Bien, Francisco Molina, quien asegura que la última propuesta verbal de mejora que recibieron del Ayuntamiento fue subir el presupuesto a 59.000 euros.

Según este portavoz, cada organización necesita al menos entre 30.000 y 60.000 euros para llevar a cabo en condiciones un proyecto de cooperación al desarrollo. Por ese motivo, la treintena de entidades que integran la coordinadora sevillana acordó la semana pasada no presentarse este año a la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento, al considerar que es completamente inviable con un presupuesto tan bajo hacer algo “digno” para las personas a las que van destinados los programas.

De esta forma advierte Francisco Molina, van a quedar paralizados proyectos de construcción de infraestructuras básicas, como hospitales y escuelas, que se habían comenzado en diferentes países de África y América, y programas como los que desarrolla su organización en Guatemala para favorecer la autonomía de unas 1.500 mujeres en situación muy vulnerable que sufren violencia de género en una región con un alto índice de feminicidios.
Tan drástico recorte de la ayuda a la cooperación supone además, a juicio de la coordinadora sevillana, un “daño para la imagen de Sevilla”, que hasta ahora se situaba entre las ciudades españolas con una mayor contribución al desarrollo de los países pobres. “Esto es una auténtica burla, que una ciudad que se está dimensionando en otros aspectos, como el turismo, elimine de un plumazo algo que forma parte también de su política exterior”, subraya el portavoz de ASONGD.

El bando del alcalde alabando la cooperación
El contundente recorte se produjo, además, apenas cinco meses después de que Sevilla acogiera la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en la que representantes de más de 200 países debatieron sobre los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU. Con motivo de esa cumbre, el propio alcalde, José Luis Sanz, publicó un bando en el que se jactó de que los líderes mundiales iban a trabajar en la capital andaluza “por el reforzamiento de la cooperación entre los diferentes países y la búsqueda de soluciones globales a los problemas sistémicos que afronta el planeta”.

“Los líderes mundiales deberán establecer un marco global de financiación que garantice, mediante la movilización de recursos públicos y privados, un mundo más equitativo, más solidario y más sostenible”, afirmó en el bando el alcalde que unos meses después acordó con Vox una reducción del 83% de la partida asignada a la cooperación al desarrollo dentro de unos presupuestos municipales que aumentaban un 2,52% y superaban los 1.096 millones de euros. Al cierre de esta información, el Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de Público sobre el recorte denunciado por las ONGD sevillanas.

Y el tajo a las subvenciones para ayuda al desarrollo no se notará únicamente en los países donde se llevan a cabo los proyectos, también se sentirá en Sevilla, ya que, según la ASONGD, más de medio centenar de personas contratadas por las ONGD, sobre todo las de menor tamaño, perderán su trabajo.
“Las consecuencias son muchas. La ciudad de Sevilla pierde un importante escaparate, porque era reconocida como una ciudad solidaria, y miles de personas van a ver frenado su desarrollo y posibilidades de tener una vida digna”, advierte el portavoz de la coordinadora, que se pregunta a dónde irán ahora los fondos que se les han quitado a los proyectos de cooperación.

La decisión del Ayuntamiento sevillano contrasta con otras capitales andaluzas donde también gobierna el PP, como Málaga, Cádiz y Córdoba, en las que, según la coordinadora de ONGD, se mantienen los presupuestos de cooperación “con cierta dignidad” y no se han llevado a cabo reducciones de las subvenciones como las que ha acordado este año el equipo de gobierno de José Luis Sanz.
“Lo ocurrido en Sevilla no es un caso aislado: en Extremadura y Aragón los acuerdos PP-Vox han aplicado medidas prácticamente idénticas. Las coordinadoras de ONGD de ambas comunidades y la estatal han denunciado esta misma dinámica, que convierte los derechos humanos en herramienta de presión política”, advierte la coordinadora sevillana, que recalca en un comunicado: “Proteger a quienes enfrentan mayores dificultades es una responsabilidad innegociable de la instituciones democráticas, no debe subordinarse a la aritmética de los pactos de gobierno”.

La estela de Vox y de Trump
En el caso de Sevilla ha sido también determinante la exigencia de Vox, un partido que sigue la estela de Donald Trump, quien en 2025 ordenó el cierre total de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa decisión, según la coordinadora española de ONGD, ha tenido graves consecuencias en el mundo, al haber propiciado un cuestionamiento del sistema de cooperación por parte de nuevos actores y la cancelación inmediata de cientos de proyectos vinculados a sanidad y educación en muchos países con grandes necesidades. Fruto de esas políticas, la ayuda oficial al desarrollo ya descendió en 2024 a nivel global por primera vez en seis años, al experimentar una reducción del 7,1% con respecto al ejercicio anterior.

En Andalucía, Vox ya obligó en 2019 al primer gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Junta a reducir el presupuesto de cooperación, mediante un punto en el acuerdo para su investidura que exigió “dar pasos decididos” hacia una gestión nacional de las ayudas al desarrollo de los países pobres, es decir, para que la comunidad andaluza dejara de asumir gastos en ese ámbito.
Posteriormente, en 2021, la formación de ultraderecha exigió al PP, a cambio de aprobar los presupuestos de la Junta, que se redujera la dotación de la ayuda al desarrollo para hacer frente a la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia. El resultado de ese acuerdo fue la retirada de tres millones de euros del presupuesto asignado a la Agencia andaluza de Cooperación para destinarlos al Banco de Alimentos, con el objetivo de solucionar “los graves problemas de pobreza alimentaria” que había en la región, en la línea de lo que ahora Vox denomina “prioridad nacional”.

La consecuencia de todo ello es que Andalucía ha pasado de estar en 2018 entre las cuatro comunidades españolas con un mayor presupuesto de cooperación al desarrollo a situarse en 2025 entre las cinco con un menor gasto: un escuálido 0,04% de su PIB, muy alejado del 0,7% al que se comprometió España con la Agenda 2030.