El sindicato CNT ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y altos cargos del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad por presuntos delitos de prevaricación administrativa y discriminación en la gestión del certificado de vulnerabilidad exigido en algunos casos para acceder al proceso de regularización de personas migrantes y que solo es emitido por los servicios sociales municipales o las entidades colaboradoras de Extranjería.

Según el sindicato, las instrucciones dadas a los servicios sociales municipales han creado “obstáculos administrativos que dificultan el acceso de la población migrante a este procedimiento”.
En primer lugar, denuncian que las solicitudes tengan que tramitarse mediante Registro General, ya que de esta forma obligan a realizar dos trámites distintos, primero conseguir una cita para presentar la documentación en el registro y después esperar otra cita con los servicios sociales para valorar el informe de vulnerabilidad. “Este doble paso es lo que está provocando colas y saturación”, explican a Público.

La CNT asegura que esta situación ha ocasionado incluso que algunas personas “hayan tenido que pasar la noche a la intemperie solo para poder iniciar el trámite”. Además, subrayan que no tienen constancia de que este procedimiento se esté aplicando de esta misma manera en otros municipios.

“No es un procedimiento habitual exigir registro para algo así. Este tipo de informes, por ejemplo para búsqueda activa de empleo o incluso para un bono social, no se hacen por esa vía y se pueden pedir por entrevista o por correo”, explica un delegado sectorial de CNT, que cuenta en un solo día llegaron a recibir más de 5.000 solicitudes, las cuales tuvieron que ser canceladas al no haberse presentado por registro.

El sindicato también critica que las citas para valorar los informes sociales no estén teniendo prioridad, pese a que el plazo para presentar la documentación necesaria para solicitar la regularización finaliza el próximo 30 de junio. “En algunos distritos las listas de espera son de entre 30 y 60 días, lo que puede dejar a muchas personas fuera, ya que los tiempos administrativos no encajan con la fecha límite del proceso”, apuntan.

“El Ayuntamiento ya era conocededor de estas listas de espera, en al menos seis distritos, pero ha diseñado un protocolo para que Almeida acabe consiguiendo lo que quería: que su gobierno no facilite la regularización y que seas las entidades colaboradoras quienes carguen con todo el trabajo. Es un deber de las administraciones cumplir la normativa y emitir estos documentos sin tener que acudir a una organización privada”, añaden.
En este sentido, el sindicato recuerda las declaraciones de Almeida donde avisó de que su Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización. “Esas declaraciones y ese posicionamiento se están cristalizando ahora en esto, a pesar de que es ir en contra del principio deontológico de los trabajadores de servicios sociales”, señalan.

Así, en Madrid, mientras un migrante que ha acudido a una entidad ya tiene en sus manos el permiso provisional de residencia; otro que haya pedido el certificado en los servicios sociales municipales puede estar esperando su cita para empezar el procedimiento. “El segundo puede tener aún semanas de espera para poder conseguir su informe, esos días pueden ser cruciales porque si le paran por la calle sin papeles puede terminar encerrado en un CIE”, denuncia el delegado sectorial. Y añade que, si el proceso dependiera exclusivamente del servicio público sin el apoyo de entidades colaboradoras, “el sistema no funcionaría”.