La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de Pedro Sánchez, rechaza la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes solicitada por la asociación Hazte Oír al considerar que la medida dañaría “gravemente el interés general”.

“La disposición responde a una necesidad real derivada de la realidad social a la que pretende dar respuesta”, indica en su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso EL MUNDO, enviado a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo. Así, alega que la petición de la asociación es inadmisible porque, al no acreditar un “interés legítimo, propio y específico” que se vea afectado por la norma, la entidad recurrente carece de legitimidad activa.

Argumenta en su exposición que las resoluciones dictadas tras las solicitudes son autorizaciones “de carácter administrativo”, por lo que no crean derechos permanentes o imposibles de modificar, como alega la asociación al solicitar la suspensión cautelar.

Asimismo, niega que la modificación del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno vaya a generar un impacto masivo en los serivicios públicos, insistiendo en que los solicitantes de esta regularización ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.

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En esta línea, la Abogacía del Estado considera que “existe un interés ciudadano en la regularización” dado que la medida nace de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas y que se saldó con 310 votos a favor y 33 en contra en el Congreso. Tras quedar estancada en la Cámara Baja, el Gobierno decidió acudir a la vía reglamentaria sin el apoyo de las Cortes Generales.

El Tribunal Supremo celebrará una vista este miércoles para estudiar los argumentos aportados por las partes y decidir si suspende o no la regularización masiva impulsada por el Gobierno.