El Tribunal Supremo (TS) celebrará este miércoles una vista clave para decidir si suspende de forma cautelar el real decreto aprobado por el Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes.

La Sala de lo Contencioso – Administrativo analizará las distintas solicitudes presentadas contra el decreto por organizaciones y administraciones que consideran que la medida excede el marco legal y puede generar efectos irreversibles antes de que el tribunal resuelva el fondo del asunto.

Entre los recurrentes citados a la vista figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

Por parte del Ejecutivo está previsto que comparezca

la Abogacía del Estado, que defenderá la legalidad de la norma

y se opondrá a la suspensión cautelar solicitada por los demandantes.

Hazte Oír sostiene que el real decreto “altera de forma estructural la política migratoria del Estado” y considera que el Gobierno ha sobrepasado los límites legales mediante una regularización con “efectos directos y duraderos”.

En una línea similar, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte del “riesgo cierto de perjuicio irreparable” derivado de la tramitación masiva de solicitudes y de la eventual concesión de autorizaciones de residencia y trabajo.

Desde Vox, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, denunció que la medida supone “la legalización e institucionalización de la invasión migratoria” y acusó al Gobierno de lanzar “el mensaje de que entrar ilegalmente en España tiene premio”.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, también ha recurrido el decreto al considerar que

tendrá un impacto “grave” sobre los servicios públicos

madrileños sin que el Estado haya previsto financiación adicional ni mecanismos suficientes de provisión de recursos.

El Ejecutivo autonómico sostiene además que la medida podría entrar en conflicto con normativa de la Unión Europea y afectar a la seguridad.

El Gobierno aprobó el pasado mes de abril esta regularización extraordinaria, de la que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrían beneficiarse alrededor de 500.000 personas, entre solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.

Ese mismo mes,

el Tribunal Supremo ya requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo completo relativo al decreto

para avanzar en el análisis judicial de la medida.