La cifra de personas migrantes en tránsito en Irun que recibieron atención humanitaria en el año 2025 se ha desplomado y ha caído a la mitad en comparación con los datos de 2024. El año pasado fueron 3.121 por los 6.243 de hace dos. Los números los ha presentado este viernes la Cruz Roja, en el marco de la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida a Personas Migrantes en Tránsito, convocada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco y que se ha celebrado hoy. Detrás del desplome de esta cifra podría estar también la retirada desde el año pasado de los controles policiales en los puentes de Santiago y Behobia, medida anunciada en febrero de 2025 por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Entre las novedades observadas durante 2025, según han informado desde el Ejecutivo autonómico, «destacan el crecimiento de flujos de retorno desde terceros países, una mayor demanda de orientación en materia de protección internacional y estancias más prolongadas de lo deseable en algunos casos». Desde 2018, Euskadi ha atendido directamente a más de 40.000 personas migrantes en tránsito. La mayoría de ellas permanece en territorio vasco durante un periodo breve, con la intención de continuar su itinerario hacia otros países europeos. No obstante, «esa estancia requiere una respuesta humanitaria organizada, coordinada y sostenible», ha dicho Nerea Melgosa, la consejera.

La evolución de estos números en los últimos años desde 2018 es la siguiente: 5.837 personas atendidas en 2018; 4.244 en 2019; 3.493 en 2020; 8.115 en 2021; 6.253 en 2022; 3.317 en 2023; 6.243 en 2024; y 3.121 en 2025.

En 2025, según se ha informado, «el perfil mayoritario ha seguido siendo el de hombres jóvenes»: un 88% de las personas atendidas han sido hombres, un 9% mujeres y un 3% menores con referente adulto. Las principales nacionalidades atendidas han sido Guinea Conakry, Mali, Senegal y Costa de Marfil. El servicio, han destacado este viernes desde la consejería de Bienestar, «ofrece atención ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, y está orientado a proporcionar un espacio seguro, cobertura de necesidades básicas, detección de vulnerabilidades, orientación individualizada, prevención de situaciones de riesgo y protección de derechos».

Durante el último año, además, «no ha sido necesario activar el Plan de Contingencia. El recurso ordinario de Hilanderas ha dado respuesta a las necesidades detectadas, manteniendo una atención humanitaria ininterrumpida y adaptada a la evolución de los flujos». Asimismo, el Gobierno Vasco ha puesto en valor que «2025 ha sido otro año sin víctimas mortales en el Bidasoa. Tras los fallecimientos registrados en 2021 y 2022, los años 2023, 2024 y 2025 se han cerrado sin que ninguna persona haya perdido la vida en este entorno fronterizo».

El encuentro ha servido «para analizar la situación actual del tránsito migratorio por Euskadi, conocer el balance del servicio de atención humanitaria gestionado por Cruz Roja y compartir escenarios ante la próxima implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo». La reunión ha contado con representantes de las diputaciones forales, el Ayuntamiento de Irun, los ayuntamientos de las capitales vascas, el Gobierno Vasco, la Subdelegación del Gobierno de España en Gipuzkoa, entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito migratorio y una delegación del Gobierno de Canarias.

La presencia de Canarias ha tenido un especial valor institucional. El Gobierno Vasco considera que el archipiélago, como frontera sur del Estado y de la Unión Europea, «representa una experiencia imprescindible para comprender los flujos migratorios actuales». Al mismo tiempo, Euskadi reivindica «que su papel como territorio de tránsito hacia el norte de Europa sea reconocido formalmente como Frontera Norte».

«Un año más, ninguna persona ha perdido la vida en el Bidasoa y tampoco hemos tenido que activar el Plan de Contingencia. Esto demuestra que la coordinación institucional y social permite ofrecer una respuesta humanitaria desde el recurso ordinario, sin perder capacidad de anticipación», ha señalado la consejera Nerea Melgosa.

El Gobierno Vasco, de este modo, «reclama al Gobierno de España el reconocimiento formal de Euskadi como Frontera Norte, mecanismos estables de financiación, espacios de gobernanza compartida y la incorporación de esta realidad a una política migratoria estatal integral y estructural».

La consejera ha insistido en que esta reivindicación se formula desde la lealtad institucional y la voluntad de cooperación: «Euskadi quiere estar en la solución. No mira hacia otro lado y no se desentiende. Pero necesita que el Estado reconozca el papel que estamos desempeñando, comparta información, anticipe escenarios y construya con los territorios frontera una respuesta seria, humana y sostenible».

La mesa ha abordado también la incertidumbre existente ante la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para junio. El Gobierno Vasco considera imprescindible conocer con antelación cómo se aplicará en la práctica, qué papel tendrán las comunidades autónomas, cómo se garantizarán la asistencia jurídica y la protección de las personas vulnerables, especialmente menores, y qué recursos se habilitarán para los territorios frontera.

«Valoramos que el Gobierno de España haya activado un proceso de regularización extraordinaria para personas que ya se encuentran en el Estado. Pero la regularización no agota la política migratoria ni responde por sí sola a las preguntas que abre el Pacto Europeo. Necesitamos claridad, información y participación», ha afirmado Melgosa.