La cifra de migrantes que necesitó de atención humanitaria en Irun en 2025 se desplomó en comparación con el año anterior. En total, se atendieron a 3.121 personas, lo que supone un descenso de la mitad, ya que en 2024 se produjo un “repunte significativo” que elevó la cantidad hasta las 6.243. Además, en ningún momento del curso fue necesario activar el Plan de Contingencia.La primera semana de la regularización extraordinaria deja 120 llamadas diarias en Cáritas y entidades sociales “desbordadas” en GipuzkoaAlex Zubiria

Así se extrae del balance que Cruz Roja ha realizado este viernes durante la celebración de la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida a Personas Migrantes en Tránsito, organizada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, en el que se destaca un crecimiento de flujos de retorno desde terceros países, una mayor demanda de orientación en materia de protección internacional y estancias más prolongadas de lo deseable.

Las 3.121 personas atendidas el pasado año suponen el dato más bajo de los últimos años, por debajo incluso de las 3.493 de 2020, año condicionado por el cierre de fronteras a causa de la pandemia, y lejos del repunte registrado en 2024. Desde 2018, Euskadi ha atendido directamente a más de 40.000 migrantes en tránsito, la mayoría de ellas durante un periodo breve, ya que su intención es la de continuar hacia otros países europeos.

El perfil sigue siendo mayoritariamente de hombres jóvenes, que suponen el 88% de los atendidos, frente a un 9% que fueron mujeres y un 3% que eran menores con referentes adultos. Las principales nacionalidades, por su parte, fueron de Guinea Conakry, Malí, Senegal y Costa de Marfil.

Además de esta clara reducción en el número de personas atendidas, un dato “especialmente relevante” fue que “un año más” desde 2022 ningún migrante ha perdido la vida tratando de cruzar el río Bidasoa y no fue necesario activar ni una sola vez el Plan de Contingencia de Cruz Roja. De este modo, el recurso ordinario de Hilanderas ha dado respuesta a las necesidades detectadas, manteniendo una atención humanitaria “ininterrumpida y adaptada a la evolución de los flujos”.

“Esto demuestra que la coordinación institucional y social permite ofrecer una respuesta humanitaria desde el recurso ordinario, sin perder capacidad de anticipación”, ha asegurado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, sobre un servicio que ofrece atención ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, y está orientado a proporcionar “un espacio seguro, cobertura de necesidades básicas, detección de vulnerabilidades, orientación individualizada, prevención de situaciones de riesgo y protección de derechos”.

Frontera norte

Durante el encuentro, en el que han tomado parte representantes del Gobierno Vasco, de la Subdelegación del Gobierno español, de las tres diputaciones de la CAV, de los ayuntamientos de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona, de entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito migratorio y una delegación del Gobierno de Canarias, se ha reivindicado también la necesidad de reconocer a Euskadi como frontera norte en el tránsito de migrantes hacia Europa.

“Canarias representa la frontera sur y Euskadi representa, de facto, la frontera norte. No se trata de defender territorios, sino de reconocer que los territorios frontera necesitan información, recursos, coordinación y una gobernanza compartida”, ha aseverado Melgosa, asegurando que Euskadi “ha demostrado durante años una capacidad de respuesta basada en la coordinación institucional, la colaboración con el tercer sector y el compromiso con los derechos humanos”.

Ante ello, la declaración de frontera norte “no es una reivindicación simbólica, sino una necesidad organizativa, estructural y de equidad” que permita mecanismos estables de financiación, espacios de gobernanza compartida y la incorporación de esta realidad a una política migratoria estatal integral y estructural.

Asimismo, la mesa ha abordado también la incertidumbre ante la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para el próximo mes, ya que se desconoce “qué papel tendrán las comunidades autónomas, cómo se garantizará la asistencia jurídica y la protección de las personas vulnerables, especialmente menores, y qué recursos se habilitarán para los territorios frontera”.

“Es imprescindible conocer con antelación cómo se aplicará en la práctica”, observó la consejera, señalando que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes “no agota la política migratoria ni responde por sí sola a las preguntas que abre el Pacto Europeo”.