Dos intentos de suicidio. Dos trastornos por estrés postraumático. Cuatro cuadros de ansiedad. Diez de agresividad. Parte del sufrimiento de los cientos de niños y adolescentes que han pasado en 2025 por La Cantueña, el polémico centro de acogida para menores extranjeros no acompañados situado en Fuenlabrada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), queda reflejado en la memoria de la instalación para el curso pasado. Sin embargo, los datos del primer año de funcionamiento completo de la instalación no lo cuentan todo.

Los números no dicen nada de las heridas que provoca llegar a Madrid desde Irán, Nepal, Afganistán, Mauritania, Egipto, Marruecos o Argelia. Tampoco reflejan el vacío de incertidumbre que dejan 66 de esos menores, todos chicos de entre 10 y 18 años, tras abandonar La Cantueña por decisión propia o falta de recursos sin que se sepa a dónde fueron, ni con quién. Así, las estadísticas son el pálido reflejo de una vida llena de penalidades, muchas sufridas desde el mismo nacimiento, antes de llegar a La Cantueña, lo que ha llevado a los gestores de la institución a ponerse el objetivo de mejorar la atención a la salud mental de los menores, que en un 71% valoran bien el centro.

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“Nos volvemos a encontrar con el abandono del Gobierno de Ayuso a los niños migrantes no acompañados”, opina Diana Carol Paredes, que como diputada de Más Madrid ha tenido acceso a la memoria, donde se refleja que el 20% de los menores atendidos están programados para atender a su salud mental. “Quejas por la mala alimentación, una clara desatención en salud mental y trabajadores desbordados que por la carga laboral no pueden dar la atención personalizada que deberían a los niños”, analiza. “Este es el vergonzoso modelo de la señora Ayuso para proteger a los niños migrantes, un modelo que solamente sirve para dar contratos millonarios a empresas”, añade. “No hablamos de números, sino de niños, de su vida y su futuro. Garantizar los derechos de la infancia está por encima de todo”.

Esto amplía la administración regional. “La mayoría de los menores no acompañados que han llegado a la Comunidad de Madrid presentan grandes necesidades de acompañamiento educativo y psicológico, y con perfiles cada vez más complicados”, dice un portavoz de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila-Ponce de León Municio. “La ausencia de referentes familiares, experiencias traumáticas vividas, unidas en muchos casos a graves situaciones de consumo de alcohol y drogas, ponen en riesgo su propia situación”, añade. “Gracias al trabajo de los profesionales de los centros de primera acogida, se produce una intervención temprana para poder abordar estas situaciones y, en su caso, la derivación a recursos terapéuticos cuando es preciso”.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en los Premios Plena Inclusión.
COMUNIDAD DE MADRID (COMUNIDAD DE MADRID)
La memoria refleja que el 90% de los niños ha logrado una titulación formativa; que el grado de satisfacción con la atención recibida es del 85%; que el 71% valora positivamente el centro; y que pasan una media de 28,9 días en el centro. Pero también reconoce que “es difícil” que los menores “de comportamiento menos ejemplar” respondan positivamente al sistema de premios a cambio de mejorar en el día a día; y que para aquellos que lo logran, y luego pierden el estatus adquirido, es difícil de aceptar. “Pueden presentar resistencia a perder esos privilegios y se pueden desmotivar un tiempo prolongado”, se dice, según la transcripción de la diputada de Más Madrid. Y se añade, siempre según esas notas: “Las respuestas negativas van en torno a problemas de masificación, convivencia y el mantenimiento puntual”.

¿Cómo se concilian esas dos realidades aparentemente contradictorias, que mezclan lo positivo y lo negativo? Probablemente porque los problemas que arrastran los niños al llegar al centro no son de rápida solución, independientemente de la atención recibida.

“Es siempre la misma tónica”, explica Vicky Fernández, psicóloga especializada en trauma, educación y salud mental. “Los chavales llegan tan dañados a los centros que con unos pocos cuidados ya tienen una mayor calidad de vida a priori: techo, comidas, una atención mínima”, añade esta especialista que dirige proyectos en el IIESM (Instituto Integral de Educación y Salud Mental). “Pero esto es mucho más complejo”, recalca. “Un ejemplo: Si venimos de que vengan pegándonos una paliza, y nos dan una patada, preferimos la patada. Pero eso no es estar en un estado de bienestar”, sigue. Y remata: “Que haya menos violencia donde están ahora, o reciban menos, no justifica determinadas prácticas en los centros”.

El informe gubernamental es el resultado de decantar un día a día extremadamente complejo, donde las tensiones surgen por los horarios, el uso de los teléfonos móviles, o los choques culturales. En la primavera de 2025 estalla una pelea en La Cantueña. Ocurre en el comedor. Vuelan sillas y extintores. Hay golpes. La Policía Nacional tiene que intervenir: 12 jóvenes son detenidos por un delito de riña tumultuaria, y siete trabajadores y dos menores acaban heridos.

Como resultado, la Comunidad se gasta más de 60.000 euros en reforzar de urgencia los tres puestos de vigilancia 24 horas, que se amplían a cinco, tras contabilizar, dice, “439 incidencias que han puesto en peligro la vida e integridad de los profesionales y trabajadores del recurso, así como de menores del centro”.

Conflictos y robos
“El perfil disruptivo de muchos de los menores residentes hace muy difícil y peligrosa la convivencia”, se argumenta en el expediente contractual correspondiente. De hecho, el 28,57% de los menores acogidos manifiestan en la memoria inseguridad relacionada con conflictos entre iguales y robos; el 3,8% ha protagonizado algún incumplimiento educativo grave; y el 7,3% ha tenido conductas muy graves para la convivencia.

Septiembre. Dos menores son detenidos por agredir, morder y amenazar de muerte a una educadora, según confirma un portavoz del gobierno regional.

A esos incidentes graves conocidos se añaden otros que no han trascendido y las tensiones del día a día, que la Administración cuenta por cientos, y ha utilizado para solicitar al Gobierno de España, sin éxito, la reunificación de decenas de menores con sus familias en sus países de origen. Las peticiones ascienden ya a 106, según un portavoz gubernamental.

Lo que es seguro es que este es un problema encapsulado en un centro situado en mitad de ninguna parte, y que seguía en obras cuando llegaron sus primeros usuarios.

Así, la instalación echó a andar a finales de 2024 sin duchas ni camas adecuadas, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Ahora, la memoria para el año 2025 recoge un dato que resume las dificultades que tendrán estos niños para integrarse en la sociedad cuando lleguen a la mayoría de edad: ninguno ha sido acogido por una familia.