El portavoz socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha acusado este jueves a la Generalitat valenciana de boicotear el proceso de regularización de migrantes “dando órdenes a los centros de salud” para que transmitan a los interesados que no pueden emitir certificados sanitarios como el alta en el SIP (tarjeta sanitaria) o el registro de asistencia para justificar su permanencia en España durante los cinco meses anteriores al decreto del Gobierno porque no “tienen validez legal a efectos de esta regularización”.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, Muñoz ha esgrimido desde la tribuna una copia de una instrucción firmada por el director general de Atención Primaria de la consejería de Sanidad, Carlos Momparler. En ella se indica que “desde el mostrador de los centros de salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal, y por tanto la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios”. El texto concluye de este modo: “Se recuerda expresamente que la circular adjunta tiene carácter exclusivamente interno, dirigida únicamente a responsables y personal autorizado, por lo que no debe ser difundida externamente, fotocopiada ni entregada a terceros”.

“Es un escándalo nacional de primer orden”, ha afirmado Muñoz, que ha acusado al Consell de Pérez Llorca de estar “implantando el racismo institucional en la Comunitat Valenciana” y ha exigido a la Generalitat que “diga quien ha dado esta orden”. En este sentido, ha anunciado que trasladará a la fiscalía los hechos por si son constitutivos del delito de prevaricación al incumplir la ley que permite tener acceso al historial médico de cada usuario.

El president de la generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, junto a la vicepresidenta, Susana Camarero.
Rober Solsona – Europa Press (Europa Press)
La intervención del portavoz socialista la ha pillado por sorpresa a Perez Llorca y le ha contestado inicialmente cargando contra “la corrupción organizada” del Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. Ya en su segunda réplica y tras consultar con el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, sentado cinco escaños a su derecha, ha acusado a Muñoz de mentir. “No hay ninguna instrucción, no hay circular”, ha afirmado.

La sesión ha continuado, mientras el consejero no dejaba de hablar por el móvil. Al poco, ha hecho gestos al president y a sus correligionarios dando a entender de que tenía más información. Tras intercambiar unas palabras con José María Llanos, el portavoz de Vox, socio parlamentario del PP, Gómez ha aprovechado una pregunta sobre migración de la formación de ultraderecha para replicar a los socialistas. “No vale todo”, ha dicho, despues de aludir a la circular enviado ayer mismo por el citado director general de Atención Primaria a los centros de salud garantiza el derecho de los usarios a acceder a su historial médico.

“(…) La normativa indicada, establece entre otros derechos, que las personas extranjeras beneficiarias de protección temporal y solicitantes de protección internacional, que hayan permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud de autorización de residencia y que esta circunstancia podrá acreditarse mediante cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad. Por otra parte, hay que indicar que el paciente tiene el derecho inalienable a acceder a su historia clínica y obtener copia de los datos contenidos en ella, amparado por la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente (…)”.

El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, esgrime una circular de su departamento.
Biel Aliño (EFE)
Fuentes de la consejería han señalado que el documento mostrado por el diputado del PSPV era un borrador en el que se estaba trabajando y puliendo y la prueba es que el documento que ha exhibido en un pantallazo era un documento barrado con la palabra confidencial. Se trataba de dejar bien claro que la fecha de emisión de SIP, por ejemplo, no sirve como justicante de permanancia, han agregado las mismas fuentes.

Preguntado en los pasillos del parlamento por esta circular remitida el 6 de mayo, Muñoz ha insistido en que no tiene ninguna duda sobre la intención de la Generalitat de boicotear el proceso a través de la instrucción inicial que le llegó a los responsables del centro de salud y ha sugerido que la circular dada a conocer ayer es una posible “corrección” o una reacción a una información publicada por el Levante EMV que apuntaba un veto en los centros de salud al proceso. Ha agregado que la instrucción inicial llegó a los responsables de los centros de salud.