La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ya en marcha, es un hito para los cientos de miles de migrantes sin papeles que residen en España. Pero también es una oportunidad de negocio para los abogados especializados en extranjería (unos 28.000). Los colegios profesionales denuncian que la Administración ha dado a entender que sus servicios no son necesarios para completar el trámite. Y se sienten desplazados por el hecho de que el Gobierno haya permitido a entidades sociales acreditadas (ONG y sindicatos) emitir los certificados de vulnerabilidad y tramitar los expedientes en su integridad.

“Los abogados desempeñan un papel insustituible en esta regulación. Ofrecen las garantías de cualificación para que los derechos de los migrantes sean protegidos como deben serlo”, reivindicó el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en un acto a los dos días de que empezara la atención presencial para la regularización extraordinaria. Ante la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Candela, el presidente recalcó que los migrantes iban a “necesitar la ayuda profesional, experta y especializada” de los letrados en un proceso “especialmente complejo”.

La cuestión sobre si es imprescindible contar con los servicios de un profesional de la extranjería y pagar por ello ha levantado ampollas. “¿Necesito contratar un abogado para el proceso de regularización? ¡No es necesario! Tú mismo podrás hacer el trámite y habrá colaboradores de extranjería gratuitos”, recogía un vídeo de la campaña informativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que insistió en que los solicitantes podían apoyarse en las ONG y sindicatos acreditados en el registro de extranjería (casi 400 y subiendo) para que les orienten “de forma gratuita y fiable” en el proceso, desde saber cómo obtener la documentación hasta presentarla de forma telemática. La campaña fue duramente criticada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que pidió retirarla porque “desacredita el papel de la abogacía”, la “invisibiliza” y “envía el mensaje de que la asistencia letrada resulta prescindible”.

Desde que el Gobierno anunció la medida a finales de enero, muchos migrantes optaron por contratar los servicios de un abogado especializado en extranjería. Se desconoce cuántos, así como lo que pagan por ello porque no hay tarifas: cada despacho cobra según lo pactado con el cliente. Pero, con la aprobación del texto definitivo, hubo un cambio sustancial derivado de las objeciones del Consejo de Estado: la necesidad de aportar (en algunos supuestos) un informe que acredite la vulnerabilidad de los solicitantes.

Desbordados por la avalancha de solicitudes, especialmente en las grandes ciudades, los servicios sociales de los ayuntamientos se están apoyando en las entidades, también, para que certifiquen esa vulnerabilidad. Lo que está ocurriendo es que, cuando la persona está ya presente en las oficinas de tal o cual entidad, ésta acaba tramitando la totalidad del expediente de forma gratuita. La consecuencia, en algunos casos, es que el abogado de pago ya no parece necesario. Diversos letrados consultados, sin embargo, señalan que esa circunstancia no ha provocado una pérdida considerable de clientes, puesto que “los perfiles son distintos”.

Los abogados de Barcelona también se sienten “maltratados” por la Administración y así se lo hicieron saber al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en una reunión el pasado 21 de abril. Quim Clavaguera, vocal de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y presente en ese encuentro, reivindica el papel de los letrados. “Recomendamos a toda la ciudadanía el acompañamiento de un abogado, porque cuando más se juega una persona su expediente, más imprescindible es estar bien asesorado”. Clavaguera pide que los abogados puedan “emitir también informes de vulnerabilidad”, pone en duda la solvencia de algunas entidades en la tramitación y denuncia el “intrusismo profesional”.

Una mujer revisa sus papeles en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.
David Zorrakino (Europa Press)
“Se les han escapado clientes”
Entre las entidades registradas hay de todo: algunas grandes, con experiencia y profesionales; otras más pequeñas, relativamente desconocidas y sin tantos recursos. La veterana Fundación Ibn Battuta, en el Raval de Barcelona, ya intervino en los procesos de regularización extraordinarios de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero y no quería faltar a esta cita. “Levantamos persiana el primer día y hemos tenido colas. Hemos dado 8.000 citas hasta junio”, cuenta su responsable, Mohammed Chaib. “Somos consciente de que no hay financiación para esto, pero es un servicio que hay que dar. Tenemos que ponernos del lado de los inmigrantes y las instituciones. Son dos meses, es lo que toca”.

Chaib intuye que, al encargarse las entidades de todo el proceso de forma gratuita, a los abogados “se les han escapado clientes”. “Es legítimo que cobren por ese trámite, de eso viven. Pero se nos ha dado la oportunidad de hacerlo gratis y lo estamos haciendo”, cuenta Chaib, que defiende la profesionalidad de sus colaboradores.

Elisabet Ureña es responsable del programa de movilidad humana de Càritas Barcelona, otra de las entidades registradas, que cuenta con abogados colegiados, como ella. Càritas solo emite informes de vulnerabilidad y acompaña a las personas que ya son usuarias del servicio. Ureña explica que sus usuarios (el 70%, extranjeros) son personas con especial “vulnerabilidad económica”, de ahí que precisen asesoría jurídica gratuita. “No nos podemos permitir que no puedan acceder a la regularización porque no tienen dinero para pagarse un abogado”, reflexiona.

Como abogada, admite que los expedientes “se han de mirar con rigor y profesionalidad”, sobre todo por la documentación. “Un expediente perfecto es el que tiene pasaporte, antecedentes penales y padrón; en esos casos no habrá duda, pero hay muchas situaciones”. Concede que un error en la tramitación “puede tener consecuencias terribles” para el afectado y confirma que Càritas ofrece “servicio integral” (informe y gestión del expediente) a quienes lo solicitan. Ureña insiste en que, pese al apoyo de las entidades, es la Administración la que debe “hacer su trabajo” y poner los recursos necesarios para que la regularización sea un éxito.