“¿Te da miedo volver sola a casa de noche?” es la pregunta que se lee en varias marquesinas en las ciudades de Granada y Almería. A esa pregunta hay escrita debajo una respuesta: “La inmigración masiva tiene consecuencias. Todos los partidos menos Vox quieren traer a miles de inmigrantes. Solo tú pagas las consecuencias. Vota Vox”. Es parte de la campaña de la ultraderecha para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y contra ella el Ministerio de Igualdad ha enviado una petición a la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación para que actúe por un posible delito de odio, “en la medida en que públicamente promueven, fomentan o incitan, de manera directa o indirecta, al odio, la hostilidad y la discriminación contra un grupo de personas por razón de su origen nacional, racial o étnico, con un componente abiertamente racista y xenófobo”, dice ese escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Igualdad está también preparando un escrito para el Ayuntamiento de Granada y el de Almería pidiendo su retirada.

Ese cartel no es el único, aunque es por el que Igualdad, desde la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, ha elevado esa petición a la Fiscalía para que “inicien las actuaciones oportunas para esclarecer los hechos, determinar las posibles responsabilidades y, en su caso, adoptar las medidas legales que procedan, incluyendo la retirada cautelar de los referidos carteles y contenidos difundidos”. E inciden en el momento político: “Resulta especialmente grave que, en un contexto electoral, se utilice el miedo y la inseguridad como herramientas de señalamiento colectivo contra la población migrante, contribuyendo a deteriorar la convivencia democrática y la cohesión social”.

Los otros tres carteles que la ultraderecha ha repartido en marquesinas de al menos esas dos ciudades de Andalucía y redes sociales tienen que ver con la educación, el empleo y la sanidad repartidos. “¿No tienes plaza en la guardería pública?”, “¿cada vez te ofrecen peores condiciones laborales?” y “¿cita sanitaria en seis meses?” tienen la misma respuesta que el que hace alusión a la violencia sexual: “La inmigración masiva tiene consecuencias”. El ministerio considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito de odio previsto y penado en el artículo 510.1.a) del Código Penal”, “sin perjuicio de la calificación jurídica que estime procedente esa Fiscalía, añade el escrito”.

Ese artículo dice que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad”.

“Un carácter potencialmente discriminatorio”
En el oficio al ministerio público, la directora para la Igualdad de trato, Beatriz Carrillo de los Reyes, escribe que este mensaje “excede claramente el ámbito del debate político legítimo”, y “tiene un carácter abiertamente estigmatizador, racista y potencialmente discriminatorio, al asociar de forma generalizada a la población migrante con situaciones de inseguridad ciudadana, señalándola colectivamente como responsable de riesgos para la seguridad personal y colectiva y vinculándola directamente con el miedo de las mujeres a sufrir agresiones o violencia”. En declaraciones por escrito, Carrillo afirma que “España no es un campo de odio” y que “la democracia no puede normalizar” este tipo de propaganda.

Más allá de esta campaña concreta, uno de los ejes sobre los que pivota el partido de ultraderecha ha sido siempre el racismo, su discurso antimigratorio a través de bulos y medias verdades ligado al antifeminismo y la vuelta a la antigua sociedad tradicional marcada por la familia y el rol de la mujer como madre y principal cuidadora del hogar. Cuando el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, el pasado 14 de abril, el real decreto para la regularización extraordinaria con el que calculan que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones, empezó a agudizar ese discurso. Y lo está exprimiendo ahora, durante la campaña para las elecciones andaluzas.

Campaña de Vox en la ciudad de Almería.
Alicia Pozo
En redes, su alegato por “la prioridad nacional” se repite. “No los queremos aquí”, “los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria”, o “España es para los españoles” son algunas de sus frases más repetidas y que les ocupan más posts en sus distintas redes sociales. Esa es otra de las cuestiones a las que alude el escrito de Igualdad, afirmando que la difusión digital de los carteles de la campaña “multiplica su capacidad de propagación e impacto social, favoreciendo dinámicas de hostilidad, rechazo y deshumanización contra personas migrantes y racializadas”.

El ministerio explica en el documento enviado a Fiscalía que los carteles “han generado una notable preocupación social, habiéndose recibido un número considerable comunicaciones y consultas en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación racial o étnica”. Una de esas personas es Alicia Pozo Blázquez, una almeriense que la mañana de este jueves explica a través del correo electrónico que le parece “muy importante la denuncia masiva de los carteles” porque para ella significa que hay gran parte de la población posicionada contra el racismo: “Que no estamos solas, que la buena gente es mucha”.

“La historia europea ya nos ha enseñado las consecuencias de convertir a minorías y personas migrantes en chivos expiatorios mediante propaganda basada en el odio y la deshumanización. La democracia no puede mirar hacia otro lado frente a discursos que erosionan la convivencia, alimentan el racismo y ponen en riesgo los derechos fundamentales. Corresponde ahora a la Fiscalía actuar y valorar las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, concluye Carrillo, la directora para la Igualdad de trato.