El Tribunal Supremo celebrará el 13 de mayo la vista sobre las medidas cautelares contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Después de escuchar la postura de las partes, el alto tribunal decidirá si suspende la medida o si la avala.

La asociación Hazte Oír presentó un recurso dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que solicitaba la suspensión alegando que el decreto produciría «efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública«, tanto en lo relativo »a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia«.

«Desde hace meses hemos preparado este recurso porque tenemos claro que no es una regularización más, sino una vulneración grave del Estado de Derecho que desborda los límites del Ejecutivo. Dicho de otra manera, es una decisión que altera el cuerpo electoral del país sin el debate parlamentario que una medida de este calado exige, y que plantea un evidente conflicto de intereses para el Gobierno que la impulsa. Por eso era imprescindible llevarla al Supremo», afirman ahora desde Hazte Oír.

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La asociación ha solicitado la suspensión cautelar y urgente de la regularización afirmando que la medida constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro.

La Ley de Extranjería del 2000
En definitiva, consideran que la regularización proyectada «responde a una finalidad electoralista: alterar, por vía administrativa y de manera acelerada, la composición del cuerpo social con capacidad de influir en procesos electorales». Modificar el equilibrio del electorado «resulta incompatible —apuntan— con los principios de neutralidad institucional, interdicción de la arbitrariedad y sometimiento pleno a la ley».

El real decreto anunciado por el Gobierno tiene que ajustarse a la ley de extranjería del año 2000, pues cualquier desarrollo reglamentario al margen de esta norma, que además tiene el rango de orgánica, abocaría a su nulidad. Así lo aseguran los juristas consultados por este periódico, que, si bien consideran perfectamente válido el instrumento por el que ha optado el Gobierno para llevar a cabo esta regularización, el real decreto que utilizaron antes otros gobiernos (Zapatero, Aznar y Felipe González), sí se muestran muy tajantes acerca de las limitaciones que rigen en el desarrollo de esta iniciativa. El núcleo del debate es, por tanto, la compatibilidad de una regularización por real decreto con la Ley Orgánica de Extranjería, bajo el principio de jerarquía normativa.