El PSPV – PSOE ha denunciado este jueves que la Generalitat Valenciana estaría dando instrucciones a los centros de salud para dificultar el proceso de regularización de personas inmigrantes en España, al impedir la emisión de certificados sanitarios necesarios para completar dichos trámites. Los socialistas valencianos han anunciado además que llevarán el caso ante la Fiscalía al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales. Los hechos han sido desmentidos por el president, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control.

La denuncia ha sido realizada por el síndic del PSPV – PSOE en Les Corts, José Muñoz, durante la sesión de control al president de la Generalitat celebrada este jueves en el parlamento autonómico. Según ha explicado el dirigente socialista, el PSPV ha tenido acceso a un correo electrónico firmado por el director general de Atención Primaria en el que, presuntamente, se ordena a los centros sanitarios públicos no emitir certificados a personas inmigrantes que pretenden regularizar su situación administrativa en España.

Muñoz ha asegurado que esta actuación supone “un intento deliberado de boicotear el proceso de regularización” y ha acusado directamente al Consell de promover “racismo institucional” en la Comunitat Valenciana. “El Consell de Pérez Llorca está implantando el racismo institucional en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado el portavoz socialista, quien ha exigido explicaciones inmediatas al Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el síndic socialista ha reclamado a la Generalitat que aclare quién ha dado la orden y ha advertido de que debe asumir responsabilidades políticas. “Queremos saber quién ha dado la orden para enviar esta comunicación. Si ha sido Pérez Llorca que asuma la responsabilidad y si ha sido Sanidad que cese a toda la cúpula de Sanidad por racista”, ha manifestado Muñoz durante su intervención.

El dirigente del PSPV – PSOE ha calificado de “inadmisible” que las personas migrantes se encuentren “un muro legal construido por la Conselleria de Sanidad” que, según ha denunciado, impide avanzar en sus procesos de regularización. A juicio de los socialistas, la negativa a emitir este tipo de documentación sanitaria supone una utilización partidista de la administración pública y podría tener consecuencias legales.

Por ello, Muñoz ha anunciado que el PSPV – PSOE pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue si se ha producido alguna irregularidad o vulneración de derechos. “Si el president de la Generalitat, el mismo que no ejerce ningún tipo de liderazgo y que no quiere entrar a valorar nada, no es capaz de explicar qué ha ocurrido y quién ha dado esta orden que va contra los derechos de las personas, tendrá que hacerlo ante los tribunales”, ha señalado.