El debate sobre la inmigración en España suele plantearse en términos simplistas, oscilando entre posiciones que la consideran un problema en sí mismo y otras que la presentan como una solución automática a los desequilibrios demográficos y laborales. Sin embargo, la realidad es más compleja. La inmigración es, sin duda, necesaria para una economía como la española, pero su eficacia depende de cómo se gestione. No se trata de aceptar o rechazar la inmigración, sino de ordenarla de manera que contribuya al crecimiento y no agrave los desequilibrios existentes.

España necesita trabajadores. Existen vacantes en sectores clave que no se cubren con la oferta laboral interna, bien por desajustes de cualificación, bien por condiciones específicas del empleo. En este contexto, la inmigración puede desempeñar un papel fundamental si se articula mediante mecanismos que garanticen su integración productiva desde el inicio. La contratación en origen es, en este sentido, una herramienta eficaz: permite vincular la llegada del trabajador a una necesidad concreta del mercado, facilitando su incorporación y asegurando que genera valor desde el primer momento.

El problema surge cuando la inmigración se desvincula de esta lógica económica y se gestiona de forma desordenada. Milton Friedman lo expresó con claridad: la compatibilidad entre inmigración y Estado del bienestar no es automática. Cuando existen amplios sistemas de subsidios, se introducen desincentivos que dificultan el ajuste del mercado laboral, especialmente en fases de desaceleración. Si la economía se contrae y el empleo no crece al ritmo necesario, la presión sobre el sistema de protección social aumenta de forma significativa, impidiendo el ajuste de salida.

En este contexto, la proliferación de subsidios puede generar efectos no deseados. Lejos de facilitar la integración laboral, pueden retrasarla, al reducir el incentivo a aceptar determinadas ofertas de empleo. Esto no sólo afecta a los inmigrantes, sino al conjunto del mercado laboral, al introducir rigideces que dificultan la reasignación eficiente de recursos. El resultado es una menor capacidad de adaptación ante cambios en el ciclo económico.

Por ello, la regularización masiva de inmigrantes, sin un control adecuado y sin vinculación al mercado de trabajo, constituye un alto riesgo evidente. No se trata de una cuestión ideológica, sino de sostenibilidad económica. Incorporar de forma abrupta a un número elevado de personas sin garantizar su inserción laboral puede tensionar tanto el mercado de trabajo como el sistema de bienestar. En lugar de reforzar la economía, puede debilitarla.

La alternativa pasa por una política migratoria ordenada, predecible y orientada al empleo. España no puede basar su modelo de crecimiento en actividades de bajo valor añadido. Necesita avanzar hacia sectores más intensivos en conocimiento, donde la productividad sea el motor del crecimiento, atrayendo talento y reteniéndolo.