Los incidentes producidos en el Roig Arena durante y después del segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga del pasado jueves entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, que terminó con triunfo del equipo de Atenas por 105-107 en la prórroga, no sólo abrieron un expediente por parte de la Euroliga sino, como informó este periódico, uno policial que tiene un recorrido diferente. El de la competición ya tiene una sentencia, con la multa del Juez Único de 10.000 euros al dueño del club heleno, Dimitris Giannakopoulos, y la sanción de tres partidos sin entrar a presenciarlos.

El acta policial tendrá un mayor recorrido, aunque al técnico Ataman le sorprendiera la presencia de efectivos policiales en la puerta del vestuario visitante del Roig Arena. Fue un procedimiento lógico, puesto que la Policía necesitaba identificar a las tres personas, el propio Giannakopoulos y dos personas del club, que aparecen en ese informe donde se van a investigar situaciones de «amenazas» y se están revisando las grabaciones de todas las cámaras de seguridad del recinto para poder confirmar alguna situación de más gravedad. Este aspecto también afecta a la cuarta persona que aparece en ese acta policial que es un aficionado del equipo griego que estaba en la grada presenciando el partido.

El informe policial, tal y como ha podido confirmar este periódico, ha sido trasladado a la Comisión Antiviolencia del CSD por parte de la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional –ese siempre es el primer paso– al entender que algunos aspectos que aparecen en él puede ser constitutivos de sanción por parte de la Ley del Deporte 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Traslado a Antiviolencia
Entre esas situaciones, tal y como aparecen en el informe, están «desobedecer las instrucciones de la Policía» en el momento en el que el dueño del Panathinaikos abandonó su asiento a cuatro segundos del final de la prórroga para protestar a la mesa de anotadores de forma airada o aspectos que «crearon una situación de riesgo para la seguridad del evento deportivo».

Ahora, será la Comisión Antiviolencia la que determinará si sanciona a alguna de las personas investigadas, o a todas, con algún precedente claro en las últimas temporadas en partidos del Valencia Basket. Tras los graves incidentes en la visita del Partizan a la Fonteta en diciembre de 2023, donde se produjo una fuerte carga policial, 16 ultras fueron expulsados y se levantaron esas mismas actas por vulnerar la Ley del Deporte, según recoge Las Provincias.

La Euroliga multó al Partizan con 30.000 euros y prohibió el desplazamiento de sus aficionados para el siguiente partido fuera de casa pero la sanción del CSD con alguno de los ultras fue mucho más dura prohibiendo con varios años la presencia en partidos en España.