Los diversos partidos políticos, los medios de comunicación impresos, hablados, audiovisuales y digitales, los tertulianos de radio y televisión están enzarzados en un interesante debate sobre la regulación de los inmigrantes. Es asunto de trascendencia que indirectamente afecta a Estados Unidos, a varios países europeos. No está suficientemente estudiado este asunto ni por el derecho internacional ni por los derechos nacionales.

Hay algo, sin embargo, en la situación política española que exige reflexión aparte. Pedro Sánchez sabe que, si pierde las elecciones generales, tal vez no pasará a la jefatura de la oposición sino al banquillo de los acusados. Algunos ejemplos en Europa e Iberoamérica resultan aleccionadores. Aleccionadores para él e inquietantes para el sanchismo. El presidente y sus colaboradores creen que si la disputa electoral se hace con el actual censo será difícil superar lo que las encuestas serias vaticinan, es decir, la victoria apabullante del Partido Popular y Vox. Juntos ambos partidos se mueven en el entorno de los 200 escaños. Por eso las rosas de la regulación tienen espinas escondidas. A los inmigrantes regulados, Pedro Sánchez puede concederles la nacionalidad española y, en consecuencia, el derecho a votar. La elección es libre y secreta, pero los analistas más expertos consideran que la orientación del voto de la inmensa mayoría de los nacionalizados parece clara. Si a eso le unimos la llamada «ley de nietos», es decir, la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los republicanos que se exiliaron en 1939, las cifras que deformarán el censo resultan reveladoras. Se habla, aunque sin contrastar, que de aquí a las elecciones generales, contando lo que se ha hecho y lo que se hará, Pedro Sánchez podría haber otorgado más de dos millones de nacionalidades. Y ahí está la gran cuestión que podría consolidar a Feijóo como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una maniobra legal y así lo confirman los especialistas en asuntos constitucionales. Con la nacionalidad, Pedro Sánchez otorga el derecho inalienable a votar. Y nadie podrá evitarlo. La Constitución española resulta concluyente.