La crisis migratoria es el principal motivo por el que el papa León XIV visitará Canarias los próximos 11 y 12 de junio. Con el pontífice en el archipiélago entra en vigor el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, un conjunto de reglamentos y documentos que se ha tardado en elaborar y aprobar una década y que para las islas «es una incógnita». De hecho, el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, reconoce que no saben «cómo se va a aplicar».

El problema de esta incertidumbre es que el archipiélago es territorio frontera de Europa, por lo que sufre presión migratoria, a lo que se suma su fragilidad como región ultraperiférica.

El Gobierno de España, explica Caraballo, tendría que haber aprobado determinadas reformas para aplicar los reglamentos que conlleva el pacto, entre ellas la de cómo se dará a las personas migrantes «asistencia jurídica». Pero hasta ahora no se ha hecho, lamenta. A partir de la fecha de implementación «se supone que hay que aplicar una serie de protocolos en la llegada» de las personas migrantes, pero «ni la policía» sabe qué tiene que hacer, afirma. «¿Cuál va a ser el papel de la Policía Canaria? ¿Cómo se va a proteger el interés superior del menor?… Son cuestiones que, a día de hoy, están sin responder».

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se corre el riesgo de que «las fronteras se conviertan en espacios de no derechos. En los nuevos lugares de retención donde se realizará el procedimiento de control existe un serio riesgo de condiciones de acogida deficientes y de un uso excesivo de la detención —que debería ser la última ratio—, circunstancias que en última instancia incrementan la presión sobre los Estados fronterizos de la UE», señala en un informe.

Menores
Especialmente problemático para el Gobierno canario es el tratamiento a los menores migrantes no acompañados. Como se sabe, Canarias sigue en contingencia migratoria extraordinaria por el elevado número de niños, niñas y adolescentes que tutela tras llegar a sus costas sin familia, en estos momentos unos 3.500. Con el acuerdo de la UE, se reduce la edad para la toma de huellas dactilares en el sistema Eurodac de los 14 a los 6 años. «Eso es un peligro porque en el período de espera puede que tengan que convivir con adultos» o en «dependencias policiales», explica Caraballo, que señala que es uno de los puntos que Canarias espera que aclare el Estado. Además, añade, el llamado Reglamento de Triaje «no aclara» quién debe asumir la tutela de estos menores en caso de que sean solicitantes de asilo.

Para Save the Children España, el pacto supone, sin paliativos, «un retroceso en el cumplimiento de los derechos de la infancia migrante y refugiada». Para los menores, además, según la abogada Patricia Fernández Vincens, especialista en infancia, exclusión y migraciones, el pacto migratorio hará mucho más difícil, en palabras de la jurista, «es un obstáculo insalvable», la detección de víctimas de trata, tanto adultas como infantiles.

Más tiempo
Otro de los retos que plantea el nuevo pacto migratorio, señala Caraballo, es que las personas migrantes adultas «pueden permanecer hasta 12 semanas en centros en Canarias» mientras se resuelve su solicitud de protección internacional y, si se les deniega, «otras 12 en centros llamados multimodales». El Gobierno regional desconoce si el Ministerio del Interior dispone de estos espacios en las islas.

Por otro lado, aunque en los primeros meses de este año se ha reducido el número de llegadas a las islas —en el caso de los menores se registra una del 64,7 % en el primer trimestre del año con respecto a 2025—, se desconoce cuáles serán los mecanismos efectivos de solidaridad.

Gestión de llegadas
Canarias teme también que el acuerdo suponga «un incremento de las responsabilidades en la gestión» de las llegadas. Según el Reglamento de Triaje, el control previo a la entrada al territorio de la UE, en el caso de las islas, a las personas que desembarquen en cayucos o pateras que hayan llegado por sus propios medios o rescatadas por Salvamento Marítimo, hay que hacerles controles de identidad, salud, seguridad, evaluación preliminar de vulnerabilidades y registro de datos biométricos. Si las islas deben hacerse cargo de ello, dice el Gobierno regional, sería necesario ampliar infraestructuras o crear nuevas.

Más fondos
Europa prevé ampliar los fondos para la gestión migratoria, entre otras razones porque, además, este pacto permite la «externalización» de centros de acogida en terceros países. España contará con unos 244 millones de euros adicionales, pero las islas, pese a que son la región «más afectada por las llegadas marítimas y soportar una presión migratoria significativamente superior al resto del territorio nacional», no han sido consultadas para la preparación del plan nacional de implementación del pacto. Un plan que presentó hace un año la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la Conferencia Sectorial, pero que sigue sin resolver todas las dudas.