Dos semanas después de la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria, las organizaciones sociales que sostienen buena parte del operativo coinciden en el diagnóstico: “Muchos ayuntamientos no están a la altura”. Durante estos primeros días decenas de personas han pasado noches a la intemperie haciendo cola. Todo por conseguir un documento que, para muchos, representa la única llave de acceso a derechos básicos.

El certificado de vulnerabilidad, un documento obligatorio para quienes no pueden acreditar contrato de trabajo en España o no tienen menores a cargo, y que solo puede emitirse desde servicios sociales municipales o entidades acreditadas, se ha convertido en el principal cuello de botella.
“Para conseguir este certificado la gente se ve obligada a hacer colas durante hasta tres días”, explica Victoria Columba, activista de Regularización Ya. Tres días en los que muchas personas duermen en la calle, se turnan para no perder el sitio o abandonan trabajos precarios sin poder justificar su ausencia. “Las trabajadoras del hogar, especialmente las internas, no pueden permitirse pasar dos días en una cola”, añade.

Desde Regularización Ya denuncian además la sobrecarga de las entidades más pequeñas, ya que, según señalan, “son las personas voluntarias las que están haciendo un trabajo que corresponde a la Administración”.

“Estamos muy ocupadas y cansadas, pero contentas. Estamos recibiendo entre 500 y 600 correos diarios de personas que solicitan cita para acreditar su vulnerabilidad y también acompañamos y asesoramos otro tipo de expedientes”, señalan desde la organización Mundo en Movimiento, una de las entidades colaboradoras.

También alertan de que algunos ayuntamientos están rechazando atender a personas sin empadronamiento, pese a que no es un requisito del procedimiento. "El Real Decreto no lo exige y el Ministerio de Inclusión ha informado a todas las administraciones de cómo deben actuar, pero los ayuntamientos han interpretado las instrucciones como han querido. Teníamos dos meses para hacer algo que llevó seis años de lucha y la Administración lo ha triturado en dos semanas”, critica Columba.
En la misma línea, Mauricio Valiente, director general de CEAR, señala que la incorporación tardía de este informe de vulnerabilidad ha generado confusión y saturación. “Ha provocado una gran angustia entre las personas solicitantes y ha obligado a redoblar esfuerzos. Había mucha desinformación, personas que pensaban que lo tenían que solicitar sin ser necesario en sus casos”, explica.

Además, coincide en que existe “una lentitud generalizada en los ayuntamientos”, aunque no en todos los sitios por igual. “Hay lugares donde las administraciones están respondiendo de forma adecuada, como ocurre en municipios del País Vasco. Sin embargo, en otros territorios como Madrid la colaboración es muy limitada y está habiendo problemas para avanzar con el proceso”, explica Valiente.

Mundo en Movimiento también denuncia el bloqueo que existe por parte de los ayuntamientos de esta comunidad. “El boicot que se está llevando a cabo desde las instituciones madrileñas es evidente. La obstaculización del proceso mediante el bloqueo de emisión de informes de vulnerabilidad y de facilitación de pruebas de estancia constituye un ataque directo a las vecinas y una expresión de racismo y violencia institucional”, señala.
Desde València Acull también alertan de la falta de homogeneidad en la aplicación del procedimiento en los diferentes municipios del País Valencià. “Hay ayuntamientos como el de Catarroja que piden una larga serie de documentos DNI o pasaporte, certificado bancario con el saldo actual y movimiento de los últimos seis meses, DARDE e informe de vida laboral de todos los miembros y libro de familia para poder solicitar la situación de vulnerabilidad. Mientras que otros, como el municipio de Moncada, a los pocos días de solicitarlo ya lo admiten”.

La organización considera que al no tener papeles las personas “ya están en situación de vulnerabilidad”, por lo que no piden más documentos adicionales para emitir este certificado.

Más allá del informe de vulnerabilidad, las primeras semanas del proceso han dejado otra serie incidencias, según ha denunciado la Asamblea Antirracista de Madrid. Constata que el sistema de citas no resiste la demanda, produciéndose saturaciones en las webs y teléfonos, donde no se recibe respuesta. A esto se suma el coste de las tasas de 38,28 euros por persona, que, según explican, en un contexto de ausencia de ingresos formales se convierte en una nueva barrera. Además, cuando no existe un número de identificación asignado, el sistema de pago puede bloquearse, generando nuevos atascos administrativos.

Otra problemática son las dificultades para la obtención y legalización de documentos en determinados países, especialmente de Guinea Ecuatorial, Venezuela y Nicaragua, según señala la organización.

También denuncian casos de denegación de atención o trato poco diligente en algunas oficinas de Correos. “En algunas oficinas no atienden a personas que no hablen español o que no acudan acompañadas. Además, el personal no revisa ni recoge documentación, lo que genera inseguridad en la presentación de solicitudes”, denuncia la asamblea en un comunicado.