La batalla política y ética contra los discursos xenófobos y antiderechos está, por desgracia, plenamente vigente. Hoy vuelve a cuestionarse por la derecha y la ultraderecha que la salud sea un derecho universal, pidiendo bajo el

marco xenófobo de “prioridad nacional” la exclusión de las personas migrantes

en situación irregular, como ya ocurrió en 2012. Aquella medida injusta e ineficaz que se mantuvo hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó la universalidad en 2018. Ahora, reaparecen los mismos argumentos falsos, caducos y pseudoeconomicistas, junto a estrategias de privatización, que ya han demostrado no funcionar y ser dañinas.

La exclusión sanitaria en nuestro país dejó fuera a miles de personas, generando situaciones dramáticas e inhumanas. Mantener a una parte de la población desatendida, ya sea por barreras económicas o por su situación administrativa,

no solo vulnera derechos fundamentales de la persona, sino que supone un riesgo evidente

para la salud pública. Además, dificulta gravemente la gestión de crisis sanitarias.

La universalidad es el pilar esencial de nuestro sistema sanitario público. Garantizar que todas las personas en España sean atendidas con equidad es defender la justicia y la eficiencia en la salud individual y colectiva. Asegurar la cobertura sanitaria universal, como defiende la OMS, es, objetivo central para construir sociedades más justas, cohesionadas, resilientes y prósperas.

Defender el modelo español de éxito de una sanidad pública, universal y de calidad es una cuestión de ética democrática e inteligencia colectiva.

Resulta alarmante tener que recordarlo nuevamente.