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Han creado un efecto llamada en los despachos y un problema de orden público en la calle: eso no es política migratoria, es irresponsabilidad de Estado"

, ha declarado a LA RAZÓN un portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) sobre el problema de saturación en las comisarías que un documento interno de la Policía, difundido en exclusiva por LA RAZÓN, reconoce en toda su extensión."El impacto no es solo en la vía pública. El documento reconoce ya un aumento sustancial de ciudadanos extranjeros en dependencias policiales y una sobrecarga operativa derivada directamente de este decreto.

Es decir, no solo hay desorden fuera, también se está colapsando el funcionamiento interno de nuestras unidades".

“Cuando un Gobierno juega a hacer política con la seguridad, nos pone en riesgo a todos. La Confederación Española de Policía lleva semanas denunciando que este decreto de regularización masiva iba a generar problemas de orden público, y pese a que algunos nos tachaban de alarmistas, hoy se están cumpliendo los peores presagios.

Estamos viendo escenas que no deberían producirse nunca: centenares de inmigrantes irregulares intentando acceder por la fuerza a la Embajada de Gambia, miles de personas concentradas en ONG, consulados y oficinas públicas, con altercados, peleas y detenciones por lesiones y atentado a agente de la autoridad".

“Este es el caos que advertíamos. Un procedimiento mal diseñado, sin planificación real, que está generando inseguridad para los propios solicitantes y para el conjunto de los ciudadanos. Y lo más grave:

está obligando a desviar unidades de seguridad ciudadana —UIP, UPR, GOR— que deberían estar en nuestras calles y barrios afrontando el auge de la delincuencia violenta en muchas ciudades, que ahora tienen que dedicarse en exclusiva a contener situaciones que nunca deberían haberse producido".

“Lo que estamos viendo no es casualidad, es consecuencia directa de una decisión política tomada sin prever ni los medios ni los efectos. Este procedimiento, que ya fue cuestionado por el Consejo de Estado y criticado en el ámbito europeo, está generando justo lo que advertimos: desorden, saturación y riesgos innecesarios. No se puede legislar de espaldas a la realidad operativa de la Policía. Y al final, como siempre, quien paga las consecuencias es la Policía Nacional, que tiene que poner orden en un problema que no ha generado, y los ciudadanos, que ven cómo se detraen recursos de su seguridad diaria. Jugar con la seguridad pública tiene consecuencias, y alguien tendrá que asumirlas”, subraya.

“El Gobierno hace propaganda con la regularización y la Policía es la que recibe las agresiones para poner orden en el caos que ha generado: han convertido la seguridad en el precio de su decisión política”, concluye.