“El

racismo policial

representó en 2025

el 12,81% del total de casos de discriminación registrado

s, consolidándose como una de las principales manifestaciones de discriminación institucional". Este es uno de los argumentos esgrimidos por la formación que lidera Yolanda Díaz para cuestionar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, a las que acusan de llevar a cabo

“prácticas de perfilamiento racial” durante los dos últimos años.

En un escrito registrado en el Congreso de los Diputados y remitido al Ministerio del Interior para su respuesta, aluden a distintas denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos. Hablan de

un “patrón estructural”,

que sitúa a las

personas “racializadas como objetivo preferente” de los controles policiales

y descartan que se trate de hechos aislados. Es más, aludiendo a supuestos estudios sin determinar, aseguran que las personas extranjeras o racializadas tienen entre 3 y7 veces más probabilidades de ser indentificadas por la Policía que las personas de nacionalidad española,

“incluso en ausencia de indicios objetivos de infracción”.

En su exposición de motivos, el Grupo Parlamentario Sumar también incide en

la polémica detención en marzo de este año de Serigne Mbaye

, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz del sindicato de manteros. La formación insiste en que se trató de otra detención de claro perfil racial, lo que evidencia el uso sostenido en el tiempo de este tipo de actitudes entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una versión que dista mucha de la ofrecida por los sindicatos policiales que calificaron

la actuación de los agentes como “legítima” y "necesaria

" frente a

la actitud “violenta y desafiante” de los sospechosos.

“Citas trampa” a los extranjeros

También recurren, en su argumentación, a las identificaciones masivas en el barrio de Lavapiés (Madrid) en noviembre de 2025, las denuncias realizadas en marzo de 2026 por SOS Racismo sobre controles por perfil racial y derivaciones a Centros de Internamiento de Extranjeros mediante mecanismos como

las denominadas “citas trampa”.

Además, subrayan que este tipo de actuaciones policiales "tiene

una baja tasa de eficacia penal,

con porcentajes de sanción inferiores al 10%".

Hay que destacar, no obstante, que no es la primera vez que esta formación, junto con Podemos, carga contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, en febrero de este mismo año, era la formación de Díaz la que exigía saber también a través de un escrito en la Cámara Baja

cuántas denuncias o investigaciones internas se habían registrado contra los agentes

en el último año por delitos de odio, racismo o conductas discriminatorias. También interpelaba al ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, sobre si era conocedor de hechos similares que demostraran la existencia de un patrón.

Cruzada contra los policías

Porque su objetivo, al fin y al cabo, es

demostrar que la Policía española es “racista”. Por ese motivo, en su escrito ante el Congreso de los Diputados insiste en averiguar "¿Cuál es el número de identificaciones policiales realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el 1 de enero de 2025? Y lo quiere desglosado por "

territorio, nacionalidad de la persona identificada, motivo de la identificación

y resultado de la actuación".

En este punto, plantea la que se antoja como la pregunta clave que demostraría toda su teoría sobre el racismo institucional: “¿Cuántas actuaciones disciplinarias se han iniciado en el seno de la Policía Nacional en relación con posibles prácticas de perfilamiento racial derivadas de denuncias presentadas durante ese mismo periodo y cuántas de ellas han concluido con sanción?”. O lo que es lo mismo,

cuántos agentes han sido sancionados por actuaciones racistas.

Finalmente, desde Sumar también quieren dejar patente que el número de sanciones impuestas tras las detenciones o identificaciones es mínima, por lo que

su objetivo no era otro que detener a personas racializadas. Así, preguntan a Interior por el número de actuaciones policiales que implicaron la identificación múltiple de personas o controles intensivos de población, así como el número de personas identificadas y los resultados de dichas actuaciones, “incluyendo tasas de detención o sanción”.

La cruzada de Sumar contra los agentes no es nueva. Y si bien en alguna ocasión la formación de Yolanda Díaz ha mostrado su apoyo a la hora de exigir mejoras salariales, el respaldo a sus actuaciones es muy distinto. Tanto es así que fueron los precursores, junto con Unidas Podemos, de la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”. Sumar presentó una Proposición de Ley Orgánica que dejaba a los agentes desprotegidos ante

las campañas de señalamiento, acoso y persecución contra ellos,

como así denunciaron los sindicatos policiales. Y todo ello, una vez más,

ante el silencio del ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska.