Las incógnitas sobre la formación para la tramitación y registro de los documentos de los inmigrantes que quieren regularizarse no ha sido la única dificultad a la que se han enfrentado los trabajadores de Correos. Hasta el pasado martes—cinco días después del inicio de la regularización masiva— los empleados de la empresa pública han tenido que realizar su labor apoyándose en un manual que contenía errores que afectaban a información clave sobre el trabajo a realizar por los empleados en el registro y tramitación de los documentos a presentar por los extranjeros.

En la guía a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa pública no introdujo la presentación del certificado de antecedentes penales, un documento que en los últimos meses ha sido cuestionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al no ser ellos quienes lo comprueben en primera instancia, y por haberse registrado anuncios de mafias que ofertaban entregar este documento «limpio» a cambio de dinero, como ya adelantó este periódico. En una semana se han tramitado unas 20.000 solicitudes, aunque no todas en Correos, por lo que el error habría afectado a cientos de peticiones.

El texto, distribuido por la empresa pública a los trabajadores de las 373 oficinas que van a colaborar en el proceso de regularización, no incluye que la entrega del certificado de antecedentes penales sea obligatoria para los extranjeros ilegales que han trabajado durante su estancia en España o que actualmente tengan un contrato en vigor. En el manual se puede leer que en el apartado de «documentación requerida» no aparece citada tal documentación, algo que, sin embargo, no ocurre en el resto de cuadros de información que corresponden a la documentación que tienen que entregar: los que estén en una situación de vulnerabilidad, los que hayan permanecido en España junto a su unidad familiar, los hijos menores de edad y las personas en búsqueda activa de trabajo.

Tal error ha supuesto que durante el primer día de tramitación presencial, los empleados de ventanilla de las oficinas de Correos hayan estado informando, registrando y tramitando documentación sin saber —por el manual— que este tipo de perfil de extranjero debía presentar el documento que acredita que una persona no es «una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública», como dicta el real decreto impulsado por el Gobierno. En ese sentido, los empleados de la empresa pública no han podido llevar a cabo su labor de forma plena y, por ende, han provocado que los extranjeros puedan haber registrado incompleta su documentación.

Las incorrecciones en el texto de Correos ya fueron algo de lo que alertaron varios sindicatos policiales. En ese caso fueron las asociaciones, tras la publicación del real decreto definitivo del Gobierno, las que tacharon de «error» la decisión del Gobierno de centralizar el registro y la tramitación en estas oficinas y «desplazar» a los agentes del cuerpo de la tramitación y comprobación del certificado de antecedentes penales. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), los funcionarios encargados del procedimiento no tienen experiencia previa ni formación comparable a la de los agentes.

No incluía poder entregar documentos caducados
Además del certificado de antecedentes penales, otra de las incorrecciones del texto se encuentra en la misma página, en la cinco. Correos ha incorporado, días más tarde del inicio de los procesos de tramitación, la posibilidad de que los inmigrantes puedan presentar documentos identificadores verificables «en vigor o caducados». Un permiso que en el borrador del real decreto no estaba y que el Ministerio de Elma Saiz incorporó pese a las reticencias del Consejo de Estado y del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska, el cual defendía que se trataba de una excepción «injustificada» al requisito general.

Esta errata en el manual no solo se ha producido en el apartado del texto que informa a los empleados de Correos de la documentación «requerida» a los extranjeros irregulares que han trabajado durante su estancia en España o que constan de un contrato laboral. También se extiende en los apartados que informan sobre los papeles que tienen que entregar las personas que opten a la regularización en situación de vulnerabilidad, los que hayan permanecido en España junto a su unidad familiar, los hijos menores de edad y las personas en búsqueda activa de trabajo.

Tal circunstancia ha provocado que los empleados de Correos y, en consecuencia, los extranjeros hayan recibido una información errónea que ha afectado directamente al proceso que atiende a regular en torno a medio millón de personas, según los datos que maneja el Gobierno. En este caso, los extranjeros han visto cómo las oficinas de la empresa pública informaban de que la documentación caducada no era válida, mientras que el propio real decreto reincidía en que sí.

A la omisión en el manual del certificado de antecedentes penales y de los documentos caducados, se le suman también errores de redacción respecto a anexos e información adjuntada a la guía, información sin completar o cambios a la hora de relacionar la información con disposiciones adicionales.

Tratan datos sensibles sin consentimiento expreso
Trabajadores de la empresa pública también han clamado por el hecho de estar tratando datos sensibles de los inmigrantes —documentos de identidad, certificados de antecedentes penales o el de vulnerabilidad— sin que la empresa pública informe, vía digital o documento físico, del consentimiento expreso para el tratamiento de estos, algo que va en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. Por el contrario, los empleados han recibido la orden de entregarles a los extranjeros un papel que no existe, según informan a este periódico fuentes sindicales.

En ese sentido, en el manual, ya corregido por Correos, se sigue sin incluir esta exigencia que piden los trabajadores y que afecta a datos sensibles de los extranjeros en un apartado donde sí se incluye la obligación de entregar al solicitante el resguardo de justificante de presentación y la copia de la solicitud presentada.

Caídas del sistema informático
Las incorrecciones en la guía no solo han estado vinculados con documentos omitidos o errores en la redacción. En el manual que han tenido hasta este martes existían datos erróneos que afectaban al acceso de los empleados al sistema informático Mercurio, la plataforma que utilizan para el registro de la documentación de los extranjeros. Pese a la corrección por parte de la empresa pública, los empleados siguen alertando de que el sistema es complejo de usar y de acceder. Algo a lo que se ha sumado interrupciones en la red de la plataforma que ha supuesto que las citas de atención se hayan extendido en el tiempo y, por ende, hayan provocado un menos número de atenciones en ventanilla.

Trabajadores de Correos apuntan a este periódico que la dirección de la empresa ha escogido oficinas para este proceso sin recursos humanos y materiales, que además tienen que realizar su labor de envío y recepción de paquetes y documentos. «Cogen oficinas con tres ventanillas y otras que tienen siete no». Del mismo modo denuncian que se están viviendo situaciones de estrés y de presión en las plantillas de empleados que están realizando el trabajo por «miedo» a equivocarse.

A esa presión se le suman los tiempos de atención que los empleados tienen que dar a cada extranjero. La empresa pública ha estimado en 20 minutos toda la gestión, un tiempo que los trabajadores ven corto, y más si se producen interrupciones o caídas del sistema informático. «¿No se pudieron hacer pruebas para valorar el tiempo necesario con los medios que tenemos?», cuestiona un trabajador de Correos. Esta misma fuente confiesa que en su oficina el primer día —con el manual con errores y sin haber acabado todavía la formación para el procedimiento— los tiempos de atención fueron de 1 hora y 30 minutos, algo que provocó que muchos extranjeros se fueran y no pudiesen registrar y tramitar su documentación.

Cabe recordar que el Gobierno en su real decreto eligió las oficinas de Correos —pese a las reticencias del Consejo de Estado— para ser un espacio donde miles de inmigrantes acudan a registrar y tramitar su expediente, con garantías de que los procedimientos sean los correctos. Una circunstancia que se ha visto perjudicada y ralentizada por las incorrecciones y contradicciones que aparecen en el manual que se ha aplicado en los primeros días de regularización.

Correos se ha dirigido a ABC para solicitar que conste su versión sobre la información anterior invocando el ejercicio del derecho de rectificación de la L.O. 2/1984, manifestando que “No tramitó regularizaciones sin exigir antecedentes penales. El procedimiento operativo implantado en Correos garantiza que en el expediente se aporten y se graben correctamente todos los documentos exigidos, incluido el certificado de antecedentes penales, lo que se se logra por una doble vía: mediante el control documental previo en la ventanilla y mediante la aplicación Mercurio, a través de la cual se cursa la solicitud, que exige de manera secuencial que se aporte toda la documentación legalmente requerida e incluido el certificado de antecedentes penales. Además, Correos publicó a las 8:45 del lunes 20 de abril (día en que se inició el proceso de admisión presencial de solicitudes en las oficinas de Correos) una ficha de actualización del manual denominada “Documentación requerida por tipo de solicitud” donde se detalló por cada tipo de solicitud la documentación requerida, incluyendo la necesidad de solicitar certificado de antecedentes penales. Al mismo tiempo distribuyó esa información, vía correo electrónico, a todas las Gerencias de Correos, incorporándolo el personal de Correos al al control documental en ventanilla desde ese mismo momento”.