Madrid vivió en la mañana de ayer escenas de fuerte tensión en el entorno de la Embajada de Gambia, en el distrito de Ciudad Lineal, donde se registraron aglomeraciones y altercados vinculados, según denunció el sindicato policial Jupol, al proceso de regularización de personas extranjeras en situación irregular promovido por el Gobierno central.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Jupol comparó la situación vivida con imágenes propias de otros continentes: «No, no es África: es la embajada de Gambia en Madrid», señalando directamente a la política migratoria del Ejecutivo como origen de un «auténtico caos» que, a su juicio, se está extendiendo por buena parte del país.
Los hechos ocurrieron en torno a las diez de la mañana en la calle Hernández de Tejada, después de que decenas de inmigrantes se encontraran desde la noche anterior aguardando su turno a las puertas de la sede diplomática y se quedaran sin la posibilidad de obtener el denominado certificado de vulnerabilidad a primera hora de la mañana.
Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto con efectivos de la Policía Municipal, cuando mucho de ellos ya se encontraban saltando la valla de la embajada para acceder al interior. Pero la rápida intervención de los agentes permitió rebajar la tensión y restablecer el orden, sin que fuera necesario practicar detenciones.

Desde el sindicato policial trasladaron además su respaldo a los agentes movilizados no sólo en Madrid, sino también en otros puntos conflictivos como Murcia, donde aseguran que también se han producido episodios de tensión derivados de este mismo proceso.

Los trámites para la regularización de personas inmigrantes en situación irregular arrancó el pasado jueves, 16 de abril, de forma telemática y el día 20 de forma presencial. Se trata de una de las medidas estrella del Gobierno, anunciada a principios de febrero y que, según los cálculos, afectará a 500.000 personas. El certificado de vulnerabilidad es una de las tres vías, además de la situación familiar o de arraigo, por las que las personas migrantes que cumplen los requisitos pueden acogerse al proceso de regularización extraordinario propuesto por el Gobierno central y que está recibiendo críticas de parte de diferentes administraciones por la falta de recursos para atender las solicitudes.