El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confía en que la Conferencia Sectorial de Migración convocada para el próximo 18 de mayo sirva para que España fije una postura «firme y contundente» con respecto a la aplicación del Pacto de Inmigración y Asilo de la Unión Europea, que está previsto que comience a andar el 12 de junio de este año. Precisamente, su entrada en vigor coincide con la visita del papa León XIV a las islas, que tiene el objetivo de dar visibilidad al drama humanitario que vive el archipiélago.

Se trata de un acuerdo no exento de polémica, ya que las entidades del Tercer Sector y territorios como Canarias se han mostrado en contra desde que se aprobara en 2024. Es por ello por lo que el archipiélago, en la conferencia sectorial, irá «en contra de la política donde los países ricos van a poder pagar para no acoger a migrantes y que se queden en países frontera», así como reclamará que «se respeten los derechos humanos», apuntó Clavijo en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Parlamento de Canarias.

«Nos gustaría que hubiera un trabajo previo antes de la conferencia y que no se nos dé un documento como las lentejas, que las tomas o las dejas», indicó el presidente del Ejecutivo autonómico en respuesta al portavoz de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta Armas.

Como ya indicaba desde que se aprobara este pacto, Clavijo reiteró la «preocupación» por la aplicación del acuerdo, en el que, entre otras cuestiones, se contempla que los controles a las personas migrantes se puedan prolongar hasta seis meses –recogido en el Reglamento de Triaje–, lo que podría generar «más presión» en los recursos de las islas y transformar al archipiélago en un «centro de retención.

Vinculado a ello, recordó el trabajo que ha realizado el archipiélago para atender a miles de menores migrantes que han arribado a las islas sin la compañía de un mayor de edad, a los que ha tenido que dar acogida en unos centros saturados. «Imagínese lo que podría significar en una isla como El Hierro», incidió el presidente regional.

Precisamente, el diputado de AHI, durante su intervención, alertó de que este pacto puede transformar a las islas en «un agujero de los derechos humanos», y que se trata de una cuestión «muy sensible» en la que, a día de hoy, todavía se presentan «muchas incógnitas y lagunas» para los territorios que son frontera, como es el caso del archipiélago.

En este sentido, el presidente del Gobierno canario anunció que, tras la celebración de la conferencia, se reunirá con todos los portavoces de la Cámara regional para «fijar una posición común del territorio» con respecto a este documento, como se ha hecho en otros aspectos vinculados a la migración, como la distribución de los menores migrantes no acompañados, en el seno del Pacto Canario por la Migración.

Asimismo, el presidente del grupo parlamentario nacionalista, David Toledo, criticó que Canarias «no haya sido ni preguntada» por el pacto de la UE, e hizo alusión a que ha habido «falta de coordinación» respecto a esta cuestión tanto con el Gobierno de España como con la Unión Europea. «A lo que llaman pacto no lo es, es un modelo indecente», incidió Toledo.

Sobre esta cuestión, el presidente de Canarias aseveró que tanto él como el lehendakari vasco, Imanol Pradales, han llevado a las conferencias de presidentes propuestas concretas «que no fueron ni debatidas», lo que resulta ser, bajo su punto de vista, «un claro ejemplo de la mala política» migratoria que lo que hace es «generar tensión y enfrentamiento en un espacio para que la ultraderecha crezca». Así, incidió, se han «olvidado» de que este asunto implica a personas que, como los canarios hace años, tuvieron que emigrar en busca de una oportunidad.

«Faltó orden en la regularización para evitar las colas de la vergüenza»
Si para el Gobierno de Canarias hay «falta de coordinación» con el Gobierno de España en la puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, ocurre lo mismo con el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que dio comienzo hace una semana.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se refirió a esta cuestión en su respuesta al portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, durante la sesión plenaria celebrada este martes. Franquis preguntó al presidente canario si este proceso de regularización es positivo para «los intereses de las islas».

«Me hubiera gustado que antes de que se sacara el decreto hubiéramos tenido reuniones para poder dar certidumbre al proceso», apuntó Clavijo. Yes que el portavoz socialista pidió al presidente de Canarias que estuviera «al lado de las personas y no al lado de su socio de Gobierno (el Partido Popular)» en esta cuestión, ya que el PP, en consonancia con Vox, se muestra en contra de la medida. Incluso, según denunció el Gobierno de España, los populares han pedido a los ayuntamientos que presiden que «boicoteen»el proceso administrativo.

No obstante, Clavijo defendió que desde el Ejecutivo se ha reclamado planificación porque «se está al lado de las personas». Si la hubiera habido, «se habrían reforzado antes los servicios de la Consejería»y se habría preparado la maquinaria administrativa para «evitar las colas de la vergüenza» en los ayuntamientos. El «cuello de botella»del proceso es la solicitud del certificado de vulnerabilidad, que depende de las corporaciones municipales. «Lo que se tenía que haber hecho es reunir a la federación española de municipios para establecer los protocolos, ya que se piden certificados que ni las personas conocen ni los ayuntamientos», incidió Clavijo.

Reiteró que la postura del Ejecutivo canario siempre estará «a favor»de darle a las personas «una opción de futuro», si bien, este proceso de regularización es, bajo su punto de vista, «la expresión del fracaso de la política migratoria y el control de fronteras». En ese sentido, dijo, es necesario que se haga autocrítica sobre cómo se ha puesto en marcha la medida, para la que «tenía que haber habido coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos».

No obstante, el portavoz del grupo socialista criticó que Clavijo haya sido «ambiguo» en su respuesta sobre el proceso de regularización, el cual, recordó, cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas a través de una Iniciativa Legislativa Popular. Además, también tiene el beneplácito de más de 900 asociaciones y de la iglesia católica. A su vez, la toma en consideración de la medida estuvo arropada por la amplia mayoría del Congreso de los Diputados, salvo el voto en contra de Vox.