En un discurso ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso, el líder del Partido Popular ha proclamado que su partido está «absolutamente en contra de la regularización masiva de un millón de migrantes irregulares» que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros. Para dar fuerza a sus argumentos la calificó de «irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible»; todo con la i, como inmigrantes.

Queda lejos el voto a favor del PP a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular auspiciada por la Iglesia que promovía la regularización masiva. Los migrantes en situación irregular, añadió en aquel momento, «pueden estar tranquilos, que el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal».

Se enfrentan a la Iglesia, a Cáritas, a los empresarios y a quien haga falta, porque prefieren su jerga de mercadillo; son capaces de cualquier cosa porque su único interés es el poder. El caso del pacto en Extremadura, además de contener propuestas anticonstitucionales que recortan derechos, va en contra de todo lo dicho por la señora Guardiola.

Extremadura tiene en torno a un millón de habitantes, de los cuales en torno a un 5 % son inmigrantes legales. La inmigración ilegal se estima en torno a 2.000 personas y es considerada un problema por el 1,3 % de la población extremeña. Alguien dijo hace unos días que era más fácil encontrar un águila imperial que un menor no acompañado.

Sin embargo, prefieren inventar que el objeto de la regularización es que los inmigrantes puedan votar, cuando saben perfectamente que regularizar no tiene nada que ver con otorgar la nacionalidad y el derecho de sufragio. Los plazos para adquirir la nacionalidad varían entre un año, para ciudadanos casados con un nacional español, y diez, para inmigrantes con residencia legal en nuestro país.

Se inventan que el proceso de regularización abierto por el Gobierno permitirá obtener el permiso de residencia a «inmigrantes que han abusado de una mujer». Dejando al margen el sesgo de partida, cualquiera puede acudir a la página del ministerio correspondiente y ver que dice textualmente: «Otro de los requisitos indispensables (para la regularización) es carecer de antecedentes penales», lo cual no deja mucha libertad a la interpretación. Es todo falso y lo saben.

Contaba con gracia el genial cómico Manu Sánchez que «los inmigrantes solo vienen a España robar y a quitarnos el trabajo; da igual, aunque sean cirujanos nos roban los tumores», y lo que es más grave, al menos en mi caso el cirujano se aprovechó de que estaba anestesiado. Ahora ¿a quién le reclamo la devolución de mi carcinoma? ¿A Inmigración, a Pedro Sánchez o al Sergas?

Siempre me dieron asco quienes abusan de los más débiles, pero esto es peor: hay más dignidad en las colas para regularizarse que en el pacto extremeño.