El

Archipiélago

lleva años siendo la puerta de entrada de miles de

migrantes

a Europa. Ahora, con la aprobación inminente del

Pacto Europeo de Migración y Asilo

, prevista para el próximo 12 de junio, el

Gobierno de Canarias

teme que esa condición geográfica se convierta en una condena institucional.

Fernando Clavijo

compareció este martes ante el Pleno del Parlamento autonómico con un mensaje claro y sin ambages, y es el de que “las Islas no van a asumir en silencio las consecuencias de una normativa diseñada sin contar con ellas”.

El presidente canario habló de “tremenda preocupación” ante un reglamento que, a su juicio, no solo ignora la realidad de los territorios ultraperiféricos, sino que abre la puerta a uno de los mecanismos más cuestionados del acuerdo europeo: la

posibilidad de que los países más ricos paguen para librarse de su obligación de acoger solicitantes de asilo. Un modelo que Clavijo definió como “indecente” y que, de materializarse, podría dejar al Archipiélago atrapado entre la presión migratoria del océano Atláitnco y la indiferencia del continente.

Desde la tribuna parlamentaria, el

diputado de Coalición Canaria David Toledo

formuló la pregunta que muchos se hacen en las Islas: “¿Esta es la Europa de los valores, de los derechos, de la igualdad y de las oportunidades?”. Detrás de ella late una queja compartida por buena parte del arco político canario, que Bruselas ha construido su nuevo marco migratorio mirando hacia otro lado, sin reparar en que territorios como el canario son los primeros en absorber las consecuencias de cada crisis humanitaria en el Atlántico.

La crítica se extendió también al

Ejecutivo central. Clavijo reprochó al

Gobierno de Pedro Sánchez

que un reglamento de semejante envergadura haya avanzado durante meses sin que se convocara ni una sola

Conferencia Sectorial de Migración. Una omisión que, para el nacionalista, resulta difícil de justificar. La próxima cita de ese foro, fijada para el 18 de mayo, se perfila ahora como un momento decisivo, porque Canarias espera conocer entonces la posición oficial de España ante la norma y exige que sea, en sus propias palabras, “igual de firme y contundente”.

Entre las líneas rojas que el Ejecutivo canario no está dispuesto a cruzar figura el establecimiento de centros de internamiento fuera de las fronteras de la Unión Europea, así como la ausencia de cualquier

distinción entre menores y adultos en la aplicación del pacto

, una laguna que Clavijo calificó de especialmente grave.