Desde que el Partido Popular y Vox cerraron su acuerdo para

gobernar en coalición Extremadura

, el sintagma

“prioridad nacional”

(que luego se incluyó también en el pacto en Aragón) no ha dejado de estar en boga. Y eso que no era nuevo: fue la principal contrapartida discursiva que le concedió el PP a Vox en la Comunidad Valenciana cuando el relevo de

Carlos Mazón.

Esta vez, escrito sobre el papel y como un principio inspirador de todas las ayudas sociales de ahora en adelante, se ha armado un buen revuelo político. Por el rechazo unánime del Gobierno y toda la izquierda, incluidas las amenazas de

Pedro Sánchez

, y por los propios recelos de la dirigencia popular, con sectores claramente en contra de asumir un concepto chovinista que, además, es imposible de llevar a la práctica.

Siempre y cuando la “prioridad nacional” se interprete como que los españoles de origen van a ser los únicos que puedan acceder a las prestaciones del Estado. Pero la realidad, claro,

es la literalidad de lo firmado. Y, según el PP, los documentos programáticos no dejan lugar a equívoco: “Prioridad nacional” no es otra cosas que “arraigo”. Es decir, que se beneficia de las ayudas quien demuestra que ha contribuido con un territorio, o acredita un arraigo.

Aun así, el PP, en plena tormenta política, ha querido testar el sentir general del electorado patrio con el concepto de “prioridad nacional”. Por si las moscas. A través de una encuesta, ha preguntado a los votantes su opinión sobre el sintagma clave que impregna los primeros pactos con Vox en el nuevo ciclo político. Y las conclusiones, aseguran fuentes de Génova a LA RAZÓN, son palmarias.

El electorado socialista

De entrada, la música le suena bien al electorado de PP y Vox y, lo más llamativo, también a un número importante de fieles del PSOE. En concreto, a la pregunta:

“¿Está de acuerdo con el concepto de prioridad nacional que Vox le ha propuesto al PP?”

, cuatro de cada diez electores socialistas responden que “sí”. Un porcentaje considerable si se tiene en cuenta la posición de todos los referentes de izquierdas, que han tachado de racista o xenófobo las capitulaciones de la derecha.

En esa línea, el estudio demoscópico encargado por el PP ofrece otro dato interesante. El mismo porcentaje de votantes socialistas, cuatro de cada diez, respaldan la hipótesis de que en España “existe un problema” a la hora de “acceder a los servicios públicos” por la “saturación” que generan los inmigrantes. Y dos de cada diez aseguran que los irregulares, directamente,

“no deberían tener ningún derecho a prestaciones de ningún tipo”.

Unos datos con los que el PP se reafirma en su concesión a Vox, que va en la línea con el endurecimiento del partido con la inmigración. En los últimos días, ha habido ruido interno porque el sintagma no convence a todos los mandos de la formación y porque la izquierda lo jalea para movilizar a su electorado.

De ahí que el PP le otorgue una importancia capital a los cualitativos que arrojan el sondeo recién salido en el horno. Visto lo visto, la dirección nacional del partido se congratula de que la posición coincide con el sentir mayoritario de su electorado y, lo más destacado, con un porcentaje no menor de electores socialistas.

Desde el principio, Génova no ha ocultado que la

“política de prioridad nacional”

es un peaje a Vox que, a su vez, concuerda con las líneas generales que estableció Feijóo en su documento marco, cuando decidió tomar las riendas de las negociaciones autonómicas.

Ahora, en la antesala de las andaluzas había un temor: que los términos de los pactos firmados en Extremadura y Aragón impactaran de manera directa en la campaña y marcaran un punto de inflexión. Los trackings del partido, por lo pronto, no reflejan ningún movimiento. Y no sólo: en el PP, después de leer las conclusiones de su encuesta, se muestran convencidos de que es posible captar a electores socialistas también por la “prioridad nacional”.