El Gobierno anunció el viernes una ronda de contactos para lograr un pacto de Estado que permita reformar la Ley de Extranjería. La vicepresidenta le ha dicho al PP que nunca es tarde si se aborda el tema como debe ser. La verdad es que no se ha abordado bien en los últimos veinte años. Seguramente más por las estrategias de los partidos en el poder y en la oposición que porque los problemas hayan ido cambiando.

La Ley de Extranjería de 1985, anterior al ingreso de España a la CEE era, básicamente, una ley de control de fronteras, porque entonces los flujos de inmigración no eran tan grandes como en Alemania, Francia y Bélgica. No preveía la residencia permanente. Tenía un régimen sancionador duro en cuanto la estancia ilegal pero que no en cuanto a acceso ilegal. En 2000 se aprobaron dos leyes Orgánicas, la segunda más restrictiva. Esta permitía la regularización de los arraigados pero limitaba los derechos de sindicación, huelga y Seguridad Social de los irregulares. En 2001 se aprobó otra nueva ley y tres reales decretos sobre regularización de extranjeros que no se encontrasen en España antes de junio de 1999. En 2003 se aprobó la Ley Orgánica hoy vigente, que limita la posibilidad de obtención del permiso de trabajo. Para ello hubo que cambiar la Ley de Bases del Régimen Local, la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo y la de Competencia Desleal. Pero esta ley se ha aplicado con Reglamentos, como el que permitió al PSOE la regularización extraordinaria de 2005. Esas normas, aprobadas por Real Decreto, no tienen en cuenta las directivas de la UE, el Acuerdo de Schengen ni los Tratados de inmigración entre España y otros Estados. El último presenta, además, problemas de seguridad jurídica y jerarquía de las normas, es decir contradicciones entre lo que dice la Ley y lo que dice el Reglamento. Con estos precedentes y tal como está el patio, una nueva Ley de Extranjería va a costar Dios y ayuda.