Dos entidades fuertemente subvencionadas, la asociación ‘Mujeres Pa’lante’ y la ‘Cooperativa de Vendedores Ambulantes SCCL’, que agrupa a los comerciantes del ‘Top Manta’, forman parte de las habilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tramitar la documentación para concurrir en la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Ambas han recibido más de medio millón de euros en subvenciones y ayudas públicas a lo largo de los últimos cinco años. Solo el año pasado, el 2025, les adjudicaron a cada una de ellas más de 77.000 euros entre contratos y aportaciones directas por parte de las administraciones públicas.
En el caso de la primera entidad, ‘Mujeres Pa’lante’, la mayoría de los fondos públicos los recibe de la Consejería de Igualdad y Feminismos, con una aportación total de 203.180 mil euros, lo que supone un 36,1 por ciento de los ingresos procedentes de las administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona, con 162.400 mil euros, es el segundo que más aporta a las cuentas de la organización, representando un 36,1 por ciento. La Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat les ha otorgado 100.690 euros, un 17,9 por ciento de las ayudas públicas recibidas.
En el caso de la ‘Cooperativa de Vendedores Ambulantes SCCL’, conocida como ‘TopManta’, la consejería de Empresa y Trabajo es la que más dinero ha inyectado a este cooperativa empresarial, con 437.210 euros en cuatro años, un 78,3 por ciento de los ingresos totales. Le siguen con 45.310 y un 8,1 por ciento la consejería de Igualdad y Feminismos y con 38.500 y un 6,9 por ciento el consistorio barcelonés. Cabe recordar que en España la venta ambulante sin licencia, como es el caso de los manteros, es irregular, de tal forma que los vendedores agrupados en esta cooperativa subvencionada por las administraciones catalanas deberían enfrentarse a sanciones administrativas.
Nunca habían hecho este tipo de trámites
‘Mujeres Pa’lante’ es un grupo de mujeres de diversos países de origen que han decidido crear un espacio para «encontrarse, reconocerse, acompañar y ser solidarias entre ellas». Este periódico se ha puesto en contacto este lunes con dicha asociación para saber cuál es la situación en sus oficinas sobre el proceso.
En ese sentido, desde ‘Mujeres Pa’lante’ han confirmado que hasta ahora nunca habían emitido certificados de vulnerabilidad: «Es algo nuevo». Sin embargo, pese a esta novedad en su trabajo, desde la asociación reiteran estar formando un «equipo multidisciplinario» en constante formación integrado por profesionales y voluntarios: «Las compañeras van a tope».
Desde la asociación, que consta de tres sedes en Cataluña, aseguran que los extranjeros hacen fila desde las once de la noche para ser atendidos al día siguiente cuando abren las oficinas. «Sin perjuicio que los trabajadores no esperaban la gran cantidad de gente que hemos atendido y atenderemos en este proceso, nos las hemos arreglado para satisfacer las necesidades de las personas que acuden a buscar nuestro apoyo» trasladan.
En ese sentido creen que el proceso impulsado por el Gobierno podría haber sido mejor, y que ha perjudicado a asociaciones pequeñas como ellos: «Las cosas siempre se hacen a medias y eso termina salpicando a entidades pequeñas como las nuestras. Las cosas siempre se pueden hacer mejor», apuntan a este periódico.
Desde la ‘Cooperativa de Vendedores Ambulantes’, por su parte, siguen preparándose para ofrecer el servicio de forma inminente. En conversación con ABC, que ayer contactó con la entidad para conocer su papel en el proceso que empezó hace unos días, admiten que «todavía no lo hemos publicitado ya que queremos hacerlo bien». El Ministerio de Migraciones, sin embargo, sí anuncia ya a dicha cooperativa como colaboradora para realizar los trámites. Esta es una de las 39 entidades habilitadas por parte del Gobierno en Barcelona para solicitar certificados como el de vulnerabilidad, clave para la petición.
Un portavoz de esta organización relata a este medio que han optado por aplazar el inicio de la tramitación debido a que «nos falta información». Tiene el convencimiento de que «va a ser un caos», de ahí que hayan tomado la decisión de hacer las cosas de forma más pausada a la que lo están haciendo otras entidades. Aunque llevan años ayudando a las gestiones a los manteros, esta es la primera vez que realizan trámites de estas características.
En la ‘Cooperativa de Vendedores Ambulantes’, según explican, están dudando sobre si abrir las puertas de su sede para realizar las gestiones pertinentes o si, por el contrario, buscar un espacio más amplio como el de Can Batlló, un espacio vecinal y autogestionado propiedad del consistorio y en el que se realizan varias actividades.
Quejas de los profesionales
Esa falta de experiencia a la hora de emitir el certificado de vulnerabilidad es uno de los problemas que ha detectado la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM). La entidad formada por letrados especializados en la defensa de los derechos de los inmigrantes piensan que el Ejecutivo se ha «equivocado» poniendo a numerosas asociaciones con personas «que no tienen la suficiente experiencia». Pese a eso desde APAEM argumentan estar a favor de la inclusión de la mayoría de las ONG y asociaciones que están dentro de la lista de colaboradores de Extranjería, pero defienden que el trabajo de esas que no tienen experiencia repercutirá en el proceso.