El 80% de las personas que se dirigen a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el marco del proceso extraordinario de regularización lo hace para solicitar un certificado de vulnerabilidad. «Es el quid de la cuestión y donde se está produciendo el cuello de botella», asegura Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la ONG.

Este lunes se llevó a cabo en la capital grancanaria una sesión informativa sobre el proceso de regularización extraordinaria en la que el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, se quejó de la falta de coordinación. «Estamos preocupados porque el proceso puede ser altamente complejo» y participan «los ayuntamientos» para hacer los informes de vulnerabilidad y «quizás hubiera sido necesario prever recursos extraordinarios», explicó.

Candil se quejó de que no se había tenido en cuenta la idiosincrasia de las islas, y que habría sido deseable habilitar espacios específicos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, dado que solo pueden acudir allí a las oficinas de correo —una en Lanzarote y otra en Fuerteventura—, pues las dos de la Seguridad Social que tramitan también los papeles están en las dos islas capitalinas.

Además, dijo Candil, a las personas en situación irregular les puede resultar complejo trasladarse de isla para solventar el proceso.

El viceconsejero adelantó que van a convocar a la Federación Canaria de Municipios y a la de Islas (Fecam y Fecai) «para analizar» las «distintas situaciones» y trasladar con posterioridad al Gobierno de España las dificultades, aprovechando que el próximo 5 de mayo se ha convocado, tras un año sin hacerlo, criticó, la Comisión Sectorial de Migraciones.

Para Lorenzo, el procedimiento está poniendo de relieve «ciertas fragilidades en la capacidad operativa» y explicó que, en su opinión, hay «pocas entidades colaboradoras» para hacer frente a ello. El Ministerio de Migraciones ha reconocido a varias ONG la capacidad de elaborar los informes de vulnerabilidad. Otras, en cambio, simplemente acompañan a las personas migrantes asesorándolas, pero deben acudir a los consistorios de su localidad para lograr este informe.

A juicio de Lorenzo, este trámite no debería ser obligatorio, puesto que «una persona en situación irregular ya es vulnerable». Además, dijo, duda de que la administración pueda atender al volumen de personas que están solicitando la regularización —se estima que en Canarias entre 30.000 y 50.000—, dado que muchas acuden a CEAR con todos los papeles reunidos «pero no logran cita presencial». Lorenzo llamó la atención de que la documentación se puede presentar vía telemática, pero recordó que la mayor parte de las personas en situación irregular no dispone de credenciales para presentarse en estas webs. «La brecha digital existe», dijo.

Una oportunidad
Para el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, el proceso extraordinario de regularización «representa una oportunidad muy positiva de que muchas personas que ya están en Canarias, algunas trabajando de manera oculta, puedan aflorar y convertirse en ciudadanos de pleno derecho, lo que significa que podrán contribuir con su esfuerzo al crecimiento de Canarias, cotizar, pagar impuestos». Es más, añadió, para las islas es también una vía para revertir la bajísima natalidad.

«Frente a los histerismos de algunos que siempre quieren relacionar la inmigración con la delincuencia o con la problemática social, esto ayudará a crecer a Canarias y dar respuesta a sectores con una demanda de trabajadores tan relevante como los cuidados», añadió.