Fernández de la Vega ha anunciado su intención de iniciar contactos con las restantes fuerzas para reformar por consenso una vez más la Ley de Extranjería, dentro de un pacto de Estado que se centraría en los siguientes puntos: control de fronteras, implicación de la UE, aumento de medios para luchar contra la inmigración ilegal y búsqueda de acuerdos con los países emisores de flujos de emigrantes.

Nada hay que objetar, en principio, a semejante sugerencia, y, por supuesto, todos aplaudiríamos el buen sentido de las fuerzas políticas si consiguieran realmente ponerse de acuerdo en el asunto que más preocupa actualmente a los españoles. Sin embargo, ni el pacto es indispensable ni serviría para diluir las responsabilidades que, en este asunto como en todos, corresponden a quien tiene el poder, es decir, al Gobierno.

Es el Gobierno, en fin, el que ha de efectuar las oportunas propuestas, que deben ser dinámicas en esta materia cambiante y progresiva. Y habría que ver si no sería mucho más útil una oposición sensata que ejerciera una crítica inteligente y constructiva que una oposición acallada por un consenso que tiene verdadero sentido en otros asuntos de gran calado – la estructura del Estado o la política exterior – pero que no lo tiene demasiado en asuntos como éste, que plantean bien escasa conflictividad ideológica.