El

Ayuntamiento de Valladolid,

gracias a los votos de PP y Vox que tienen mayoría, han aprobado este lunes durante el pleno ordinario una moción con la que piden al Gobierno de España

que rebaje la edad penal de aquellos menores que cometan delitos especialmente graves.

Una iniciativa que se enmarcha en la preocupación existente en la ciudad aunte el aumento de los sucesos vinculados a “bandas latinas”, y a hechos graves derivados de ellas como el que ocurría no hace mucho, concretamente en febrero de este año, cuando un joven de 18 años de nacionalidad colombiana fue asesinado por otro de 13 años también colombiano cerca de la calle Amor de Dios. Un suceso por el que el autor no recibió pena de prisión al ser inimputable por su edad.

La portavoz de Vox,

Irene Carvajal,

advertía del “riesgo creciente para la seguridad ciudadana” que suponen estas bandas y defendía en su intervención de la moción la

necesidad de actuar de forma “preventiva, coordinada y disuasoria”,

mientras que el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha pedido “firmeza” contra la delincuencia y, especialmente, contra “los adultos que utilizan a los menores para delinquir”.

La moción también solicita a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid intensificar las

medidas de vigilancia, control y prevención d

e la actividad de bandas juveniles violentas en la ciudad y plantea revisar los permisos de residencia de las personas extranjeras implicadas en ellas, además de instar a la Junta de Castilla y León a promover programas de prevención en centros educativos.

Por su parte, los grupos municipales de la oposición (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) han centrado sus críticas en el PP por sumar sus votos a los de Vox en esta iniciativa. El socialista

Javier Otero acusaba a la coalición de gobierno de “tener miedo a la diferencia”

al apoyar propuestas como ésta, mientras que la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP),

Rocío Anguita,

advertía de que la aprobación de estas medidas ponen en riesgo la declaración de Valladolid como

‘Ciudad amiga de la infancia’,

y rechazaba “criminalizar” a los menores migrantes sólo por su nacionalidad. “Ante estos casos la única respuesta es la educación y la prevención temprana”, finalizaba.