Salvador González (Málaga, 1968) ha visitado esta semana Donostia para mantener un encuentro con miembros de la Administración de Justicia y del Poder Judicial en … la sede estatal del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), que se ubica en la Audiencia de Gipuzkoa. El presidente del Colegio General de la Abogacía Española, que también mantuvo un encuentro con integrantes del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, incide en la importancia de la formación en inteligencia artificial como una «oportunidad» para afrontar el atasco en los juzgados y subraya el papel que están jugando los abogados especializados en Extranjería en acompañar el proceso de regularización de inmigrantes abierto en el Estado.

– ¿Qué balance hace de esta primera semana en el proceso de regularización de inmigrantes?

– Ha sido una primera semana de incertidumbre, de mucha movilización, porque todos los destinatarios de la regularización están acudiendo en masa a todos los puntos de información para recabar documentación. La Abogacía ha puesto a disposición de estas personas 28.000 oficinas en todo el país de abogados expertos en Extranjería, coordinados con el Ministerio de Migraciones, para ayudar en estos trámites.

– ¿El proceso está siendo ágil o se están dando problemas?

– Estamos hablando de un proceso para cientos de miles de personas en dos meses y medio. Puede haber disfunciones, pero estos últimos días hemos visto cómo las colas han ido disminuyendo y la atención ha mejorado gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la abogacía especializada en materia de Extranjería, que están ayudando a que todo se canalice. Es un proceso que tiene cierta complejidad porque las personas a las que va destinado son personas vulnerables, pero estamos esperanzados en que esto les sirva para regularizar su situación y para acceder a derechos que les estaban vetados.

–El Tribunal Supremo ha aceptado a trámite un recurso de la Comunidad de Madrid contra esta regularización. ¿Podría acabar siendo tumbada?

– El proceso normativo ha seguido toda su tramitación ordinaria. Ha pasado por el informe del Consejo de Estado, que hizo propuestas de mejora. De ahí que se haya incluido la necesidad de acreditar que los solicitantes no tengan antecedentes penales, por ejemplo. Estas aportaciones han sido atendidas por el legislador y se han incorporado al texto, por lo que en principio no parece que ese texto vaya a tener mayores dificultades. En cualquier caso, por supuesto, ahí está la garantía de los tribunales y el respeto a sus decisiones desde la Abogacía.

– Hablemos del funcionamiento de los tribunales ordinarios. En el caso de Gipuzkoa, hay un atasco en los juzgados que les lleva a rozar los 50.000 asuntos pendientes. ¿Este problema es generalizado en toda España?

– Es muy generalizado, y hay territorios en los que es mucho más grave, donde hoy se están señalando juicios para 2029. Es un mal endémico que teníamos antes de la ley de Eficiencia en la Justicia y que esta reforma debe tratar de corregir. Para ello, es necesario que todos, jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, seamos capaces de encajar ese nuevo sistema y de ofrecer una respuesta más rápida, más ágil y más segura. En el Cendoj de San Sebastián se está trabajando en la digitalización de los procesos, en la implantación de la inteligencia artificial, cuestiones fundamentales en el día a día del funcionamiento de los juzgados y tribunales. Se están abriendo puertas para mejorar esos tiempos de respuesta y ese atasco.

– Entonces, ¿el colapso en la Justicia tienen solución?

– Hay números de entrada que hoy son inasumibles, pero siempre hay que tener un punto de esperanza, de pensar que entre todos tenemos que mejorar la Justicia, sin perder un derecho, sin perder una garantía para los ciudadanos, sin perder una visión de la justicia de cercanía. Yo creo que sí que tiene solución o por lo menos tiene posibilidad de mejora.

– Por el momento, ¿el despliegue de la ley de Eficiencia ha mejorado en algo la situación o la ha agravado, como denunció el juez decano de San Sebastián?

– En las capitales la implementación es más compleja porque el número de asuntos es muy superior, al igual que la necesidad de adaptación, pero una vez que todo se ajuste, creo que va a ofrecer mejores soluciones. Por lo que he podido hablar con miembros del Poder Judicial en esta visita, en Gipuzkoa el despliegue de la ley se está produciendo con una cierta tranquilidad, sin sobresaltos. Que en Euskadi ya esté implantado el expediente electrónico judicial es una ventaja.

– ¿El problema de fondo de la Justicia es que faltan jueces? El TSJPV ha pedido esta semana que la planta judicial de Gipuzkoa se amplíe en ocho plazas.

– Sin duda es uno de los motivos importantes. El Gobierno ha planteado ampliar la planta con 500 plazas en todo el país. Esta misma semana hemos trasladado al CGPJ la necesidad de que la incorporación de esos jueces, que puede tardar muchos meses, se agilice, porque hacen muchísima falta.

– ¿Y faltan abogados? ¿O hay suficientes?

– Abogados hay suficientes, aunque estamos preocupados por aspectos como el modelo de incorporación. Hay un modelo legal que parte de una preparación específica, más allá del grado en Derecho, que te habilita para cualquier profesión jurídica. Hace falta una formación para ser abogado. Esa formación, por ley, es un máster, un curso específico, de en torno a un año y medio. Y, después, un examen de Estado. Pero ese examen se está haciendo online, lo que no parece razonable cuando, para sacarte el carnet de conducir, tienes que hacerlo presencial. Estamos reclamando una modificación y volver a lo que teníamos antes de la pandemia, que era un examen presencial, que fuera más práctico y donde participara más activamente la Abogacía. Pero quiero verlo con optimismo y pensar que lo que se está produciendo es un fortalecimiento de la profesión y de sus valores.

– Una reivindicación histórica de los colegios de abogados es la mejora de las condiciones del turno de oficio. ¿Está en vías de solución?

– Hay diversidad en los distintos territorios del Estado. Aquí, en Euskadi, hay unas condiciones especialmente buenas en relación con otros territorios, pero sin que dejen de existir reclamaciones que nos parecen absolutamente necesarias. Hay cuestiones que todavía no se pagan o no se pagan suficientemente. La actual regulación es cicatera, aunque se está abordando por el Ministerio una nueva ley de Justicia Gratuita, que viene a renovar otra ley de hace 30 años que se ha quedado obsoleta. Hay que dotar de más presupuesto público a este servicio, que permite que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica, puedan acceder a la defensa de sus derechos en igualdad. Es necesario que la justicia gratuita no descanse sobre los hombros de abogados y abogadas que hacen un esfuerzo que no tiene una compensación y una consideración adecuada. Hacemos una encuesta a la población cada año y el servicio del turno de oficio da una valoración muy positiva por encima del 80% de los encuestados, algo que no creo que logre ningún otro servicio público.

– Al final, ¿el problema de la Justicia es una cuestión de recursos?

– Está claro que con más recursos se conseguirían más cosas, pero no es solo una cuestión de recursos, también de organización, de prioridad en la toma de decisiones… La ley de Eficiencia puede ser una oportunidad para que tengamos más jueces a menor coste, porque no habrá que acompañar a cada juez de toda una oficina judicial, porque reorganiza un sistema que se configuró en el siglo XIX y que hoy no tiene sentido. Pero también debemos entender como una oportunidad la utilización de herramientas tecnológicas como el expediente digital o la inteligencia artificial.

– ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial (IA) al funcionamiento de la Justicia?

– En muchas cosas. Es necesario que se utilice bien, que cada profesional, cada juez o abogado, entienda que está utilizando una herramienta. Una herramienta disruptiva que va a permitir avances exponenciales, que permitirá una eficiencia en el trabajo inédita… Pero al final el que decide es el profesional. Lo que pasa es que cada juez, cada abogado, multiplicará su trabajo.

– ¿En qué sentido?

– Haremos más procedimientos, ya los hacemos hoy. Si comparamos el número de asuntos que lleva un abogado hoy con los que llevaba hace 50 años, los números son abrumadores. Hoy se lleva adelante mucho más trabajo, y con la IA eso se va a incrementar. Un procedimiento hoy puede tener una media de 12 documentos. Llegará un momento en que tendrá una media de 100 o 120 documentos y habremos multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque esa documentación se va a generar a través de herramientas de inteligencia artificial que la va a ordenar y relacionar, lo que aumentará el número de procedimientos.

– El riesgo está en que nadie, ninguna persona física, acabe leyendo esos documentos.

– Efectivamente, es un riesgo. La IA tiene oportunidades y riesgos y hay que gobernarla, ver cómo somos capaces de aprovechar las oportunidades sin incurrir en los riesgos. Por ejemplo, que desaparezca el criterio humano y decida, por falta de responsabilidad, una IA que no tiene esa función. Porque la función que tiene es asistir, colaborar, ayudar, pero nunca decidir.

– ¿Llegará un momento en el que la IA dicte una sentencia?

– El criterio humano, la valoración de una prueba, la percepción del juzgador o del abogado, eso debe ser humano.

– En Euskadi se han dado casos de personas que han optado por que la IA les asesore en un juicio, renunciando a un abogado. ¿Es un riesgo para la profesión?

– Toda la vida ha habido alguien que se ha atrevido a dar consejo legal sin la formación suficiente. Pero, al final, el que ofrece verdadera confianza es el profesional, el abogado.