Hay una fecha que no sale de la cabeza de Ya Amou: el 26 de mayo. Ese día está fijada su orden de desahucio y, si nada cambia, tendrá que abandonar el que ha sido su hogar durante más de dos décadas. Amou vive con su hija adolescente y su nieta, que nació el 20 de abril. “Estamos hablando de una unidad familiar en situación de especial vulnerabilidad. No se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El piso pertenece actualmente al fondo de inversión Mona ITG, integrado dentro de la sicav Orion Constellation, con sede en Luxemburgo. Se trata de un entramado con múltiples fondos dedicados a la especulación inmobiliaria que opera bajo una estructura RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). “¿Dónde voy a ir? No tenemos a dónde ir. Con mi nómina no puedo permitirme otro alquiler”, lamenta la afectada. Asegura haber sufrido “presiones” a través de una empresa de desokupación.
No es la primera vez que se encuentra al borde del desahucio. Amou llegó a España con sus tres hijos hace casi 20 años. Su marido, que lo hizo unos años antes, se hipotecó junto a otros dos amigos para adquirir la casa en la que viven ahora. Uno de los compradores falleció y su pareja tuvo que regresar a Malí, su país de origen. La mujer, que no entendía bien el castellano, confió en el tercer hombre para que realizara los pagos del banco.

De acuerdo a su relato, esa persona dejó de hacer los ingresos durante varios meses, por lo que Amou acabó contrayendo una deuda de 5.000 euros que no pudo asumir. “Desde el banco llamaban a Ya Amou, pero no se enteraba de lo que estaba pasando por la barrera lingüística”, asegura Ignacio, un vecino de su barrio, que está ayudándola. Finalmente, tuvo que enfrentarse a un proceso judicial por el que perdió la propiedad de su vivienda, que pasó a manos de Abanca, que hace unos años la vendió a Mona ITG.

Durante el tiempo que la entidad se hizo cargo del piso, la familia quedó en dación en pago con alquiler social, haciendo frente a una mensualidad de 300 euros. El contrato caducó el 29 de noviembre de 2024 y, según explica Ignacio, el fondo se ha negado a renovar algún tipo de alquiler social: “Ellos se dedican a comprar y vender especulando. Hemos intentado negociar, pero se niegan”. Amou cuenta que los nuevos caseros enviaron a su puesto a un mediador que le entregó una carta informándola de que se le acaba el contrato.

Desde el Inquilinato aseguran que, además, ha sido víctima de “una estrategia reiterada de engaño”, por la que “le hicieron creer que podría volver a comprar la casa”. El objetivo, dicen, era “desgastarla emocionalmente” y “ganar tiempo para expulsarla”. En un primer momento, le ofrecieron adquirir el inmueble por 110.000 euros. Cuando consiguió reunir esa cantidad, la oferta se elevó hasta los 135.000 y, posteriormente, volvió a incrementarse hasta los 150.000. La afectada, tras “realizar un gran esfuerzo”, estuvo a punto de cerrar la compra, pero, en el último momento, los dueños rechazaron la oferta.
Amou detalla punto por punto cómo fue esta negociación. Su primera intención fue renovar el alquiler, pero la propiedad sólo le dio la oportunidad de fijar un precio de compra. La última cantidad que se puso encima de la mesa fueron 190.000 euros, algo “imposible” para ella. Fue un año de idas y venidas al banco, intentando conseguir una hipoteca cada vez más grande. Cuando lo conseguía, llamaba al mediador para firmar el contrato. No le respondía y acababa pidiendo más. “Jugaba con nosotros, porque lo subió hasta cuatro veces”, denuncia. Tres días después de reconocer que no podía hacer frente a la última cantidad le llegó la orden de lanzamiento.

Los activistas a favor del derecho a una vivienda digna creen que se trata de “un ejemplo flagrante del racismo inmobiliario e institucional”. “Además de sufrir las peores consecuencias del capitalismo rentista, las personas migrantes y racializadas son expulsadas a través de las instituciones públicas, que les dan la espalda”, sostienen.

Según la información aportada por el Sindicato de Inquilinas, el proceso judicial previo a la orden de desahucio ha estado marcado por la “desprotección institucional”. Amou, que no sabe leer en español, acudió a los servicios sociales tras recibir la notificación de desalojo. En ese momento “no se le explicó correctamente” la necesidad de solicitar justicia gratuita y la obligatoriedad de personarse en el procedimiento, por lo que fue declarada en rebeldía y el proceso continuó sin contar con su defensa. “Si yo lo llego a saber, presento todos los documentos que son necesarios, pero no sé leer y ellos solo me dijeron que tenía que esperar. Yo estuve esperando y mi sorpresa ahora es que me dicen que me tengo que ir”, denuncia.

Representantes legales de Mona aseguran haber conocido por los medios de comunicación que hay un menor viviendo en el domicilio. Defienden que se han seguido rigurosamente todos los procedimientos legales y que se ha tratado de ofrecer todas las ayudas posibles a la familia. Además, insisten en que no trabajan con empresas de desokupación, sino con mediadores que han estado en contacto con Ya Amou estos meses.

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid para conocer su versión de los hechos, pero en la fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.