En el año 2010, Europa contaba con cerca de 40 millones de inmigrantes . En 2025, según Eurostat, la cifra superaba ya los 64 millones y España ha aportado la tercera parte de ese incremento. En este escenario, el Gobierno ha puesto en marcha una regularización masiva que, de acuerdo con los sindicatos policiales y otras organizaciones, dará papeles a otros dos millones más, entre los beneficiados directos y los familiares que recalen en nuestro país como producto del reagrupamiento. Como resulta natural, no es oro todo lo que reluce y bajo el relato mediático oficial que apela al humanitarismo, al respeto al derecho internacional y a la potencial aportación de este contingente extranjero a la economía, se esconden peligros evidentes para el conjunto de la sociedad española e incluso del viejo continente. ¿Quiere esto decir que la regularización es mala? No necesariamente, porque las desarrolladas anteriormente arrojan algunos resultados positivos con la perspectiva de los años. Lo que sí son malas son la forma en la que se ha fraguado esta última y su posterior ejecución. Se desconoce, por ejemplo, el impacto esperado que la incorporación de dicho volumen de ciudadanos va a tener en aspectos tan básicos como la seguridad ciudadana, la educación o la sanidad. Los sindicatos policiales han alertado de que la regularización será una bomba de relojería en materia de delincuencia. Hablan de que la mera exigencia de una declaración responsable de carecer de antecedentes penales resultará imposible de cotejar en muchos países de origen. Además, apuntan que el hecho de carecer de antecedentes penales no implica la inexistencia de antecedentes policiales recientes aún no juzgados, lo que permitiría la entrada de perfiles peligrosos y/o de reincidentes. Para más inri, la norma permitiría la regularización de reos extranjeros que ya cumplen condena. ¿Qué medios ha previsto el Gobierno para reforzar las fuerzas del orden público ante esta avalancha? ¿Qué medios ha desplegado para reforzar también los centros de extranjería? En la Sanidad, además del posible efecto llamada que se producirá con la universalización de la asistencia, la avalancha sobrecargará aún más los dispositivos asistenciales, que ya soportan una lista de espera quirúrgica récord de más de 853.000 pacientes. ¿A cuántos sanitarios va a contratar el Ejecutivo de Sánchez para hacer frente a esta demanda? ¿Cuántos hospitales más va a construir? Se desconoce.