Esta regularización de inmigrantes emprendida desde el poder Ejecutivo es distinta de las anteriores. Tampoco sabemos realmente cuáles son las cifras, se ofrecen tantas, y desiguales, que es difícil concretar careciendo de datos comprobados. En todo caso, el volumen de población parece importante. Si se consideran algunas estimaciones, el número de personas sería mucho mayor que la entrada de sirios en Alemania hace unos años, o incluso que los movimientos de población de la antigua URSS, cuando bajo la deskulakización (Stalin, 1930 – 1933), entre 1,8 y 2,1 millones de "kulaks», o campesinos prósperos, fueron deportados a Siberia, Kazajistánn y los Urales. Aquel fue el primer gran experimento de ingeniería demográfica soviética. Lo que está en marcha en España, en cierto modo, también parece un experimento y todo indica que provocará una crisis de absorción institucional que –viendo cómo se está gestionando ahora, con los meros trámites preliminares— podemos prever que generará caos y un delicado atolladero en áreas como empleo, vivienda, educación, sanidad, Administración, seguridad del Estado… La saturación y la degradación de los servicios públicos, que ya padecemos, se incrementará lógicamente. Aumentará la tensión sobre la vivienda (sí: más), y la economía sumergida (cuando el objetivo de la regularización masiva pretende lo contrario); por no hablar de la conflictividad política: más polarización. Todos, asuntos en los que España ya soporta una tensión crítica. La calidad institucional, que ahora mismo es deficiente, sufrirá aún más, y por tanto no será de gran ayuda para la integración de los recién «llegados» (ya se está viendo que la regularización no solo será para quienes viven en España, trabajando en la economía informal, sino para quienes acuden por el evidente efecto llamada). La presión sobre los salarios, en especial los de baja cualificación, va a ser brutal, y sobre todo la padecerán las regiones más débiles y los más pobres, a pesar de que las principales receptoras de inmigración serán grandes ciudades. Aunque lo peor es que la integración –esencial para que no reviente todo– lamentablemente nunca se produce por orden de Real Decreto.