La redistribución de menores, paralizada hasta que se apruebe el nuevo decreto en agosto
Solo los recién llegados o con expedientes ya en marcha están saliendo hacia otras regiones: 158 en el último mes
Canarias 7, , 26-04-2026Desde que el pasado 18 de marzo se cumplió el plazo dado tras la reforma de la ley de extranjería para trasladar a los menores migrantes no acompañados de los territorios en contingencia migratoria, como Canarias, a otras comunidades, solo han salido de las islas 158 niños, niñas y adolescentes. Son chicos «recién llegados», por lo que no les afecta el marco temporal del cambio, así como los menores que ya tenían su expediente de reubicación avanzado.
Lo confirma la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, quien reconoce también que han tenido que activar a la Fiscalía hasta en tres ocasiones ante la negativa de las regiones a acoger a los chicos una vez cumplido el plazo.
Cabe recordar que tanto el Gobierno de Canarias como los ministerios de Infancia y de Política Territorial señalaron hace un mes que se iba a continuar con los traslados a otras comunidades. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, señaló entonces «que las medidas seguirán activas y en vigor» porque «las circunstancias, aunque han mejorado, se mantienen». En referencia a que las islas aún están en contingencia migratoria extraordinaria, esto es, aún acogen a más del triple de menores que su capacidad ordinaria, fijada en un primer momento en 737 menores migrantes solos. Para salir de la contingencia puede asistir a 2.211 menores, pero las islas tutelan a 3.337, más de un millar de los que le correspondería.
Con los menores que llegan a las islas desde el pasado mes de agosto, no hay duda. Estos son trasladados a la península por el llamado «procedimiento exprés», que prevé 15 días para ello, aunque generalmente para solventar todos los pasos se dedica más tiempo. La duda se plantea con aquellos que ya estaban en las islas, para los que se daba el plazo de un año.
Según Rodríguez, desde la Delegación del Gobierno se le indicó que paralizaran los expedientes nuevos. Se iba a reubicar a quienes, aunque estuvieran fuera de plazo, ya se les había iniciado el trámite reglamentario. El resto, señala Rodríguez, tendrá que esperar a que el próximo mes de agosto, como anunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se apruebe un nuevo decreto que dé cobertura a los traslados y se mantenga hasta finales de la legislatura.
Rodríguez recuerda que, al acabar el plazo, las comunidades del PP, encabezadas por Madrid, acudieron a los tribunales para que se paralizaran los traslados. «Madrid fue la primera en salir diciendo que no iba a asumir a más menores migrantes», afirma la directora general de Infancia. En ese contexto se pidió la ayuda de Fiscalía para traslados ya en marcha y se pudo concluir la reubicación. Pero Rodríguez recuerda que en las islas «seguimos en contingencia».
El pasado mes se cuantificaban en 305 menores los que habrían llegado desde agosto a las islas, y otros 157 estaban pendientes de concluir sus expedientes y la resolución de traslado. Estos sí que serán reubicados salvo aquellos que, de estos últimos, pidan quedarse en las islas por arraigo. Desde que se modificó la ley de extranjería han salido de las islas 719 menores hacia otras comunidades.
Eso también ha permitido ir cerrando macrocentros y readaptando el resto. De los 89 recursos con los que contaba la comunidad ha pasado a tener 82, pero en estos se ha reducido el número de niños, niñas y adolescentes que se atiende. «Se ha bajado la presión», asegura Rodríguez.
Además, hay que contar con los chicos que van cumpliendo la mayoría de edad, así como aquellos que entraron en el programa de protección internacional.
El 95% con papeles en regla
La directora de Infancia se congratuló porque, a pesar de que ha sido un trabajo muy arduo, finalmente «el 95%» de los menores que están en los centros de acogida de las islas están «documentados» y con sus papeles en regla. Todos ellos tienen «residencia», por lo que no entran en el proceso extraordinario de regulación que ha aprobado el Gobierno de España.
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