- ¿Qué radiografía haría de la Justicia en Madrid?
    – Tenemos una falta de órganos judiciales, de fiscales y de policías.
Entonces, se requiere un esfuerzo mucho mayor para combatir la
delincuencia. Aparte de eso, las estadísticas nos dan unos datos muy
parecidos a los del año pasado; quizás en violencia doméstica se ha
incrementado en el primer semestre respecto al mismo período del año
pasado.
    – ¿Cuáles son las principales necesidades de la Justicia en
nuestra comunidad autónoma?
    – Hace falta más órganos judiciales,
fiscales y policías. Un aspecto muy importante sería abordar el diseño de
la Policía Judicial, y en este punto es necesario que las policías locales
adquieran también la condición de Policía Judicial, una vez superado el
correspondiente curso de formación; y, sobre todo, redefinir las
competencias de la Policía Judicial, es decir, otorgar a los que provengan
de las policías locales la investigación de las faltas, de los delitos de
menor entidad, y reservar la persecución de los grandes delitos, bandas
organizadas, etc, a Policía Nacional y Guardia Civil. Esto permitiría
recuperar un gran número de policías locales – la Comunidad de Madrid ha
hecho un esfuerzo muy importante con la BESCAM – , optimizar los recursos
que tenemos, y ello rebundaría en una mayor presencia policial en las
calles y eso supone mayor eficacia, mayor operatividad, sensación de más
seguridad en los ciudadanos, y, sobre todo, un efecto disuasorio para los
delincuentes.
    – ¿Cuántos fiscales se necesitan para conseguir llegar
a una situación óptima?
    – Para dar una respuesta
mínimamente eficaz se necesitan 20 fiscales, con el actual número de
órganos judiciales. En estos momentos, la fiscalía se ve incapaz de
agilizar los procedimientos complejos, aquellos que requieren un estudio,
reflexión, etc, que son complicados, como delincuencia económica,
siniestrabilidad laboral, medio ambiente y urbanismo. Por eso, necesitamos
fiscales que impulsen y agilicen la tramitación de esos procedimientos
para lograr la operatividad de los mismos.
    – ¿Cómo valora el problema
de la inseguridad en Madrid?
    – Es un tema preocupante, pero tampoco
hay que sacarlo del contexto. Últimamente nos estamos encontrando con que
hay unos fenómenos delictivos mucho más violentos, cometidos por bandas
organizadas normalmente de extranjeros, que son muy difíciles de combatir
porque normalmente no tenemos datos de ellos, porque son gentes que se
aprovechan de la eliminación de fronteras en la Unión Europea, que tienen
una capacidad de movimiento a través de los estados muy fácil, y les
permite venir a España, delinquir en diversos lugares e irse.
    – – ¿Cuenta la Justicia, la Fiscalía, con instrumentos necesarios para
luchar contar las banda organizadas que operan en la Comunidad?
    –
Esas bandas se detectan cuando, desgraciadamente, han cometido ya varios
hechos delictivos y es en ese momento cuando empieza la investigación,
que, incluso, a veces, es a nivel internacional, porque en un alto
porcentaje sus miembros son extranjeros, tanto de países del Este como
sudamericanos. Después hay que poner los medios y estos son muy difíciles
porque hoy en día el delincuente es más «profesional», no deja huellas y
no va a cara descubierta.
    – ¿En qué dirección se podría avanzar en
este tema?
    – Sería conveniente e importante la creación de un
instrumento de identificación: Una Base de datos, un Registro Central de
perfiles de ADN, como el que tenemos del registro de huellas. Así, a las
personas que sean detenidas, al igual que se les toma una muestra de sus
huellas, que también se les tome otra de ADN, que posteriormente se podrán
contrastar con vestigios que se encuentren en los lugares de los hechos y,
de esa forma, determinar si coinciden con algún perfil de ADN de los que
tenemos en ese Registro, lo que permitiría su identificación de los
autores de muchos de esos delitos.
    – Otro aspecto importante
relaciona con con el problema de la seguridad en Madrid es el incremento
de la comisión de delitos por menores.
    – En materia de menores
hay dos aspectos esenciales: Ahora empiezan a delinquir antes de los 14
años, a los 9, 10 y 11 años, pero eso no tiene aparejada una
responsabilidad penal. Comienzan con pequeños hurtos y luego se va
incrementando si no se logra parar a tiempo.
   Y, en segundo lugar, se
ha detectado que la delincuencia en los menores cada vez es más violenta,
cada vez hay más lesiones, más atentados contra la vida, contra la
libertad sexual, y eso lo que genera es una mayor sensación de alarma,
porque no es lo mismo que un chaval de 15 ó 16 años cometa un robo que un
atentado contra la vida o una violación.
    – ¿A qué atribuye usted
estas dos circunstancias?
    – A que hay una pérdida de valores en los
menores, no ya un respeto a la vida, a la propiedad ajena, a la libertad
de otros, sino que no existe un respeto al principio de autoridad. Es un
tema muy complicado.
    – ¿Qué falla para que se haya llegado a esa
situación?
    – En primer lugar, la familia, porque hay muchas que
están desestructuradas y eso genera al menor una situación de
desconcierto; el menor es utilizado muchas veces como moneda de presión
entre los progenitores, para obtener ventajas o mejoras. La familia ya no
da ese perfil de autoridad, no pone los límites que tiene que poner.
Fallan también los centros educativos, porque el principio de autoridad
del maestro cada vez está más denostado ; y falla la sociedad, en general.
   Los medios de comunicación, internet, suministran tal cantidad diaria de
información sobre sucesos violentos – aunque sea su labor – y los
videojuegos, donde la mayoría son de contenidos violentos. Todo esto
genera en el menor una sensación de que vive en una sociedad donde la
violencia, en vez de ser algo excepcional, es una forma más de convivencia.
    – ¿Cree que hay que agravar las penas para los menores que cometan delitos
graves?
    – No. La Ley tiene una finalidad esencialmente educativa y,
a mi juicio, está funcionando con una operatividad muy importante, sobre
todo en los delitos graves. Para uno de esos delitos graves la pena puede
llegar a 8 años de internamiento cerrado más 5 de libertad vigilada. Si en
ese tiempo no somos capaces de recuperar a un menor, lo que falla entonces
es la ejecución de la medida, el sistema de reeducación. Y es aquí donde
hay que incidir, en la ejecución, de ser capaces de reinsertar, reeducar
al menor en ese tiempo, que a mí me parece suficiente.
    – Un
delito que ha subido notablemente en Madrid ha sido de violencia de
género. ¿Por qué cree que se ha producido?
    – En el
primer semestre de este año ya hay un 37 por ciento más de procedimientos
judiciales por este tipo de hechos, respecto al mismo periodo de 2005.
Aquí hay varios factores que influyen, pero apuntaría, por una parte, a
que la mujer está perdiendo el miedo a denunciar; y, en segundo lugar, a
la inmigración, porque tanto en España como en los países de Suramérica
estamos ante un problema cultural.
   El origen de la violencia
doméstica es un problema de sumisión de la mujer al hombre, y eso se nota
mucho más en los países suramericanos, y aquí tenemos muchos inmigrantes
ecuatorianos. El año pasado, en Madrid capital, el 45 por ciento de los
denunciados por violencia de género eran extranjeros, un porcentaje muy
alto, porque la proporción de extranjeros en Madrid no alcanza el 10 por
ciento de la población. Esas dos circunstancias son las que produce ese
«boom» de los delitos de violencia doméstica.
    –
¿Habría que reformar la Ley para hacerla más eficaz?
    – La Ley actual es un instrumento bueno para la represión, pero no para
evitar que se produzcan esos delitos. Yo incidiría en el hecho de que
cuando se produce una sentencia de conformidad , en la que el agresor se
beneficia de la reducción de un tercio de la pena, los jueces de Madrid de
violencia doméstica no dictan una orden de protección para la mujer. La
fiscalía está recurriendo esta situación, porque es anómala y está
desprotegiendo a la mujer, a la víctima, porque la orden de protección lo
que otorga es un estatuto de protección integral, que abarca no sólo
medidas cautelares en un procedimiento penal o civil, sino, y es lo
importante, todas las medidas de protección y asistencia sociales,
sanitarias, económicas, etc.
    – ¿En qué situación se encuentran
esas mujeres en Madrid?
    – La comunidad, con mucha sensibilidad y
acierto, en su Ley de Protección Integral de Violencia Doméstica, ha
equiparado a la orden de protección, como título habilitante para esas
prestaciones sociales, la sentencia o cualquier otra resolución judicial
que acredite la existencia de una situación de riesgo.
   El
problema es cuando esas mujeres se desplazan fuera de Madrid, a otras
comunidades donde no existe esa equiparación que ha establecido la
Comunidad de Madrid. Por eso, es necesario la reforma de la Ley en este
sentido.