Hay decisiones políticas que, más allá de su titular, acaban revelando su verdadero alcance en el día a día de las ciudades. La última regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una de ellas.

Sobre el papel, se presenta como una medida con vocación social. En la práctica, lo que estamos viendo los ayuntamientos es algo muy distinto: una decisión sin criterios claros, sin planificación real y, sobre todo, sin tener en cuenta quién tiene que gestionarla.Porque, una vez más, el problema acaba donde siempre: en los municipios. No es una opinión. Es una realidad que ya estamos viviendo.

En Leganés, en los primeros días desde la puesta en marcha de este proceso, se han solicitado más de 1.000 informes de vulnerabilidad. Más de mil. En cuestión de días.

Conviene explicar qué significa esto. Esos informes no son un trámite automático. No son un papel que se firma sin más. Requieren valoración técnica, análisis individualizado y trabajo de profesionales de los servicios sociales municipales.

Profesionales que, además, ya tienen una carga de trabajo elevada atendiendo a quienes realmente lo necesitan: mayores dependientes, familias en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, ayudas a domicilio, atención social básica.

La pregunta es evidente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Paramos el resto de la actividad de los servicios sociales? ¿Dejamos en espera a nuestros mayores ¿Retrasamos la atención a familias que ya están siendo atendidas?

Porque los recursos son los que son. Y aquí es donde aparece el problema de fondo. El Gobierno ha tomado una decisión de enorme impacto administrativo sin consultar a los ayuntamientos y, lo que es más grave, sin dotar de medios para poder gestionarla.

No es la primera vez que ocurre. Pero sí es especialmente preocupante por el volumen y la rapidez con la que se ha puesto en marcha. Los propios responsables del ámbito de Extranjería han advertido de la dificultad –por no decir imposibilidad– de tramitar un volumen tan elevado de expedientes en tan poco tiempo.

Y aun así, la carga se desplaza hacia abajo. Hacia los ayuntamientos. A los técnicos municipales. Unos servicios sociales, por cierto, que ya están al límite. Y esto tiene un nombre. Transferencia encubierta de competencias y costes. Se decide en La Moncloa, se anuncia con fines propagandísticos y se ejecuta en los municipios, sin recursos, sin coordinación y sin planificación.

El resultado es doblemente negativo. Por un lado, se tensionan los servicios públicos locales. Por otro, se genera frustración entre los propios ciudadanos, que ven cómo se ralentiza la atención en ámbitos esenciales.

Y hay un elemento adicional que no se puede obviar. El propio Consejo de Estado ha advertido que el criterio de vulnerabilidad, sobre el que pivota buena parte de este proceso, es insuficiente y carece de criterios homogéneos.

Esto introduce un factor de inseguridad jurídica evidente.Porque deja en manos de los técnicos municipales decisiones que deberían estar claramente definidas por la normativa estatal. Y lo hace, además, en un contexto de presión administrativa creciente.

No es serio. No se puede construir una política pública de esta envergadura sobre criterios difusos y sin una base técnica sólida.Pero, sobre todo, no se puede trasladar esa indefinición a los ayuntamientos. Los municipios somos la primera línea de atención. Estamos para dar la cara. Gestionamos lo concreto. Atendemos a las personas. Y lo hacemos con responsabilidad. Pero la responsabilidad no puede ser unilateral. No se puede pedir a los ayuntamientos que asuman más carga sin darles más medios. No se puede improvisar desde arriba y exigir eficacia abajo. La política, cuando se hace bien, exige algo más que buenas intenciones. Pide rigor. Planificación. Es necesaria la coordinación institucional. Y, sobre todo, exige respeto a las administraciones que tienen que ejecutar las decisiones.

En Leganés creemos en una política social seria. Siempre hemos ayudado a quien lo necesita. Pero también creemos en hacer las cosas bien. De lo contrario lo que se genera no es una solución. Es un problema mayor. Que lo pagan los servicios públicos. Los profesionales. Y, en última instancia, los vecinos. Porque cuando las políticas públicas se diseñan sin rigor, no solo fallan en su objetivo. Generan efectos secundarios. Colapsan los servicios. Deterioran la convivencia. Alimentan la frustración. Y, en ese terreno, siempre crecen las posiciones más extremas.Quizá ha llegado el momento de preguntarse si algunas decisiones se están tomando pensando en resolver problemas… o en generar titulares. Porque gobernar no es anunciar. Es gestionar. Y cuando la gestión falla, la realidad acaba imponiéndose. Siempre.