G. LÓPEZ ALBA

MADRID. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero suba hoy al estrado para clausurar la Conferencia Política del PSOE, lo hará con un aval expreso de los 3.000 participantes en el cónclave socialista para avanzar en el «proceso de paz» en el País Vasco. Este «cheque en blanco» al Gobierno ante el arranque del curso político y en un momento en que la situación parece estancada, se anticipó ayer en los debates en comisión, donde se acordó por unanimidad recabar una declaración expresa de «apoyo inequívoco» al Ejecutivo por el plenario de la Conferencia, que el PSOE ha querido presentar bajo la seña de identidad de «apertura a la sociedad civil» gracias a la participación, con voz y voto, de doscientos independientes.

Los miembros de la comisión en la que se debatió este asunto, en aras del apoyo «sin fisuras» reclamado desde La Moncloa – fue ponente Enrique Guerrero, director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno – , renunciaron incluso a la defensa de las enmiendas presentadas y se limitaron a suscribir las pautas sabidas: firmeza en el respeto a la democracia y vigencia del Estado de Derecho, unidad de las fuerzas democráticas, eficacia de las Fuerzas de Seguridad y respeto a la memoria de las víctimas.

La inmigración y el urbanismo

El cónclave socialista avaló también ayer el giro en la política sobre inmigración del Gobierno, al desplazar el acento desde la integración – eje tradicional de los planteamientos socialistas – al máximo rigor en el control de las entradas como presupuesto imprescindible para hacer viable aquélla, con la advertencia de que cuando es «desordenada» resulta «nociva» tanto para el país receptor como para los inmigrantes, al facilitar su explotación, con una mención expresa a la de carácter sexual. En consecuencia, se refrendó el criterio de vincular directamente las entradas a las necesidades del mercado laboral. Además, se reforzó la idea de que el problema de las avalanchas de inmigrantes tiene una «dimensión europea» y no estrictamente española.

Esta cuestión acaparó buena parte del debate sobre las «nuevas respuestas» que plantea el PSOE, si bien – amparándose en que el objetivo es definir principios de actuación a medio y largo plazo – se eludió abordar la posible reforma de la ley de Extranjería o una hipotética nueva regularización de los cientos de miles de inmigrantes que se calcula que están en situación ilegal. De igual modo, no se incluyó ninguna referencia a la necesidad de un pacto de Estado porque, según el portavoz de la comisión, el valenciano Joan Ignasi Pla, está propuesta ya ha sido realizada por el Gobierno para su inmediata negociación. En cuanto al reconocimiento del derecho de voto de los inmigrantes en los comicios locales, se optó por diferir su regulación legal al «medio plazo» y aplicando criterios de «reciprocidad» con los países de origen.

Otro asunto principal de debate, al que contribuyó la abundante presencia de alcaldes, concejales y candidatos en los comicios del año próximo, fue el de la ordenación urbanística, ante la que se proclamó un rechazo rotundo a «la política del todo urbanizable del PP». La principal conclusión fue la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre todas las administraciones públicas implicadas, aunque no se llegó a concretar la posibilidad de recortar las competencias de los ayuntamientos.

El papel de las televisiones

La participación de los representantes de la «sociedad civil» se concentró, en gran medida, en los aspectos relacionados con la cultura. Especial acogida tuvo la propuesta del director de cine Fernando Trueba, quien reclamó propiciar que las televisiones, no sólo las públicas, sean un «instrumento de servicio público».

En este marco resurgió la posible creación de entes reguladores, al estilo del Consejo Audiovisual catalán, para velar por la veracidad y la pluralidad informativa, una posibilidad ya contemplada en la ley de ordenamiento del sector.
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