Los acuerdos entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón se fundamentan en un concepto político, la ‘prioridad nacional’, a la hora de referirse … a la política de inmigración. Se trata de una victoria política de la ultraderecha, que ha conseguido instalar su mantra ideológico de cara a las próximas generales. ‘Primero los españoles’. Un mensaje contra la igualdad y la Constitución que alarma a la Conferencia Episcopal. La brecha entre la extrema derecha y la jerarquía católica encierra un calado profundo. Basta comprobar el cruce de acusaciones, entre Santiago Abascal, que ha responsabilizado a la cúpula de la Iglesia española de hacer negocio con los inmigrantes y la respuesta de la misma a las ‘injurias’ de este partido. La controversia puede terminar con el tiempo estrellándose ante la Justicia europea si implica iniciativas contrarias a la legalidad, que prohibe establecer discriminaciones en función de la nacionalidad de origen. Pero la fractura abierta en el mundo católico es de una envergadura imprevisible.

El problema no es tanto que estamos sobre todo ante un ejercicio de retórica política absolutamente tóxica. La Ley General de Sanidad excluye la posibilidad de impedir el sistema de salud universal a los inmigrantes sin papeles. Veremos en qué consisten las medidas para implantar oficinas de verificación de los empadronamientos –que son los que se utilizan para confirmar si un arraigo es duradero o no– o si se suprimen todas las subvenciones a las ONGs que tratan con inmigrantes ilegales. El conflicto de verdad es que este discurso discriminatorio del ‘nosotros y ellos’ –que fue estrenado en Europa por Jean Marie Le Pen en Francia en los años 80– termine por calar en un sector de la sociedad española, que trasciende de las fronteras ideológicas clásicas de la ultraderecha. Es una corriente transversal presente en la derecha y en la izquierda. Vox explota ese sentimiento de temor y lo manipula y el PP entra en un territorio muy resbaladizo en el que puede terminar por confundirse a pesar de que, por ejemplo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso busca el voto latinoamericano.

Para ser honestos, la agenda ultra ha condicionado los discursos de casi todos las familias políticas en Europa, aunque en España el Gobierno de Pedro Sánchez esgrima la bandera de la regularización de medio millón de inmigrantes como el mejor mecanismo de integración en el mercado de trabajo. Cuando los socialdemócratas daneses o los laboristas británicos han asumido posiciones propias de la derecha ultranacionalista en esta materia es que hace tiempo también suenan las alarmas en el progresismo europeo.

El mayor pulso se libra en los barrios obreros en los que una parte sustancial del voto de Vox hunde sus raíces en una clase media baja que ha sido el bastión clásico de socialistas y comunistas y que ahora pueden experimentar un giro radical precisamente por este fenómeno. Se trata de una franja que siente miedo ante el futuro y percibe que se ha colapsado el ascensor social y la igualdad de oportunidades. Y que los inmigrantes, creen, compiten con mejores condiciones que ellos a la hora de recibir prestaciones y servicios públicos.

En ese contexto, sin llegar al extremo que supone hablar de ‘prioridad nacional’ como declaración de intenciones, numerosas administraciones públicas en España han asumido por la vía de los hechos un endurecimiento de las exigencias del ‘arraigo’ para acceder, por ejemplo, a viviendas públicas de alquiler y en régimen de propiedad. La filosofía de ‘primero los de casa’ plantea un retroceso amenazante pero no podemos negar la realidad ni las contradicciones que provoca.