Las entidades sociales de Gipuzkoa cierran una semana marcada por la «confusión». La fase de atención presencial de la mayor regularización de extranjeros en dos … décadas arrancó con aparente normalidad en las ventanillas de los recursos oficiales con cita previa, pero la realidad es otra en la veintena de entidades colaboradoras vascas acreditadas, que se han visto obligadas a improvisar, resolviendo dudas sin los recursos necesarios. «Todo ha sido un poco caótico. Ha faltado información antes del despegue», reconoce Patricia Viviana Ponce, directora de Haurralde Fundazioa.

La organización denuncia la escasa «implicación institucional» en la puesta en marcha del proceso, especialmente respecto a la emisión del certificado de vulnerabilidad, un trámite clave y uno de los mayores quebraderos de cabeza actuales. «No se informó previamente sobre este trámite ni se conocían con detalle las entidades acreditadas por el Ministerio para realizar la regularización. Esto ha hecho que muchas personas acudan a bufetes de abogados», explica Ponce.

El Gobierno Vasco ya ha advertido de que la tramitación del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación irregular «es gratuita», por lo que ninguna empresa puede cobrar por este servicio.

El problema, con todo, va más allá del coste económico ya que los abogados no pueden emitir el certificado de vulnerabilidad. «Solo lo hacemos las entidades y los ayuntamientos, por eso es crucial que se implique la administración pública», reclama la directora de Haurralde Fundazioa.

Desde la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) aseguran a este periódico que los consistorios ya han comenzado a emitir «de manera generalizada» el certificado, siguiendo el modelo impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de un informe que «todas las personas solicitantes tienen garantizado, salvo casos muy excepcionales».

El goteo de municipios guipuzcoanos que han dado un paso al frente es constante: Zumaia, Errenteria, Azkoitia o Eibar son algunos ejemplos de ello. Esta última localidad activó el pasado lunes un dispositivo específico para informar y atender a inmigrantes que puedan acogerse al proceso. Solo en la primera jornada, unas 134 personas utilizaron el servicio, según fuentes municipales. Por su parte, el Ayuntamiento de Donostia mantiene conversaciones en ese sentido, aunque aún no se ha tomado una decisión, según trasladaron ayer a este periódico desde el Consistorio.

Con todo, el impacto de este proceso es notable. En Euskadi se estima que unas 26.000 personas en situación irregular podrían beneficiarse de la medida. El perfil es mayoritariamente activo: el 98,6% está en edad de trabajar, y más de 13.500 ya han tenido algún contacto con Lanbide. A nivel estatal, los potenciales beneficiarios oscilan entre medio millón y un millón.

En Gipuzkoa, el epicentro del operativo se encuentra en la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social en Riberas de Loiola, Donostia, y en siete sucursales de Correos en Donostia e Irun. Solo se atiende con cita previa. Para evitar colapsos, el Gobierno se apoya en una veintena de entidades sociales vascas que reclaman esa «corresponsabilidad institucional» para no saturarse, especialmente por la demora en obtener el certificado de vulnerabilidad, que está generando problemas colaterales.

La oficialización de la medida –publicada en el BOE el 14 de abril con el Real Decreto 316/2026– obliga también a presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen. Muchos inmigrantes iniciaron la gestión anticipadamente y ahora se encuentran ante una paradoja: tienen el certificado de penales a punto de caducar, pero aún no el de vulnerabilidad. «Todo ello ha generado malestar, inseguridad y ansiedad, y ha desbordado a las organizaciones», asegura Ponce.

Las entidades consideran que el proceso habría sido más «normalizado» si en los meses previos se hubiera informado correctamente a través de las entidades sociales y las administraciones. «Sí hemos vivido caos y confusión. Desde que se anunció el Real Decreto hasta su aprobación hubo borradores y mucho nerviosismo», señala Jon Telletxea, responsable de Acción Social de Cáritas.

«Esto ha provocado ansiedad, consultas y correos electrónicos. Se ha vivido un cierto caos», corrobora Germana Dovale, asesora jurídica de la entidad. Ambos coinciden en señalar que desde el Ministerio «el proceso no estaba bien organizado», aunque reconoce Dovale que «los flujos masivos iniciales empiezan a relajarse, y poco a poco podemos aterrizar en la casuística concreta de cada situación».

Ponce considera necesario ampliar el plazo de atención. «Las regularizaciones anteriores duraron entre cuatro y ocho meses. Esta no puede terminar en junio porque quedará mucha gente fuera», defiende, reclamando que el periodo de presentación de solicitudes se extienda más allá del 30 de junio.

Entretanto, en Cáritas no pierden el tiempo y tras el «caótico» comienzo trabajan para atender el mayor número de solicitudes. Según explica Telletxea, desde que saltó la noticia en enero sobre una posible regularización la entidad inició la formación de un equipo de trabajo. «Hemos formado un equipo de doce voluntarios que ya desde comienzos de año ha trabajado en base a los borradores, intentando avanzar en la medida de lo posible».

Gracias a ello Cáritas tiene ya en torno a un centenar de expedientes «completos», aunque el volumen de tramitaciones reales es mucho mayor teniendo en cuenta la amplia red de esta entidad de acción caritativa y social de la Iglesia católica. «Es una oportunidad para que las personas que se encuentran en situación administrativa irregular puedan acceder a derechos básicos, seguridad jurídica y mejores oportunidades de integración social y laboral», afirma la asesora jurídica de Cáritas Gipuzkoa.

La recompensa al final del túnel burocrático no es solo humanitaria ya que permitirá aflorar empleos en la asistencia domiciliaria, hostelería o agricultura, inyectando nuevas cotizaciones.